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La Internacional Villahermosa

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FGR desiste de acusar a Rosario Robles por Estafa Maestra

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La Fiscalía General de la República (FGR) desistió este miércoles de acusar a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el caso de la Estafa Maestra. Durante la audiencia intermedia, la fiscalía informó al juez que llegó a un acuerdo con la defensa para obtener un procedimiento abreviado.

En esta audiencia, llevada a cabo en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, se esperaba que la FGR presentara la acusación formal contra Robles por omisiones que derivaron en un daño al erario de más de 5 mil millones de pesos.

Ante el acuerdo verbal, el juez dio un plazo de cinco días para formalizarlo y para informarle sobre la fecha en la que comenzarán las pláticas, ya que se requiere de la autorización de un superior jerárquico de la FGR.

La autoridad judicial reprogramó la audiencia del caso de Rosario Robles para el próximo 27 de febrero, según información del Consejo de la Judicatura Federal.

En noviembre, la defensa presentó ante la Fiscalía General de la República su solicitud para que la exsecretaria de Desarrollo Social pudiera acogerse al llamado criterio de oportunidad, figura legal que permitiría reducir o anular los cargos en su contra a cambio de otorgar información a las autoridades que investigan el desvío de recursos de la llamada Estafa Maestra.

Las declaraciones le permitirían obtener beneficios en los procesos penales que tiene por su presunta participación en el uso de programas sociales para desviar 5 mil 73 millones de pesos de recursos públicos hacia fines electorales.

Rosario Robles fue vinculada a proceso en agosto de 2019 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015; así como cuando fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.

Por lo anterior, se dictó preventiva justificada contra la exfuncionaria en el penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida desde hace más de un año.

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Cisen grabó 40 videos de “tortura a testigos” en caso Iguala

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El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que varios testigos del caso Ayotzinapa que presuntamente estaban involucrados en la desaparición fueron torturados.

“Existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada”, aseguró el fiscal especial del caso, destacando que “tenemos más de 40 vídeos que fueron aportados a la investigación […] que muestra a funcionarios públicos interrogado de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables”. 

El material forma parte del expediente que tiene la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; el cual documenta la manipulación «masiva y sistemática» de las evidencias para fabricar la verdad histórica, de acuerdo con Milenio.

Dichos interrogatorios se realizaron entre octubre de 2014 y enero de 2015. Los funcionarios consultados por el periodista Temóris Greko revelaron que en los videos aparecen el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el jefe antisecuestros, Gualberto Ramírez; así como otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), miembros de las fuerzas de seguridad y abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos.

El objetivo era «desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir que se olvidaran de lo que sabían que pasó, para que repitieran la verdad histórica. Por ello, los sometieron a tratos inhumanos.

La investigación determinó que la voz que se escucha en varios videos es la de Tomás Zerón, de acuerdo con un peritaje internacional. Además, en el expediente están documentados escenarios del crimen, fabricación de pruebas; destrucción o inutilización de evidencias; omisión de procedimientos y de líneas de investigación; indagatorias insuficientes o desestimadas; desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.

Los videos están distribuidos en 57 carpetas digitales que también contienen pruebas forenses, incluidas las de los teléfonos celulares que fueron extraídos de forma ilegal por la PGR. La Unidad de Investigación del caso utilizará las evidencias y testimonios para sustentar denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos que falsificaron la investigación oficial.

Con información de Milenio

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