Decenas de personas bloquearon este lunes todos los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, para exigir el aplazamiento de la discusión de un proyecto que, aseguran, busca “legitimar” los desalojos forzosos, los cuales han ido en aumento rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Tras casi cuatro horas de protesta, los ministros anunciaron en sesión el retiro del proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, decisión que fue recibida como un primer avance por los manifestantes.

“Ya se bajó (canceló), pero lo que estamos pidiendo es que se revalúe la dirección del proyecto”, señaló Arturo Aparicio, asesor legal de vecinos desalojados en distintas zonas de la capital.

El proyecto deriva de la acción de inconstitucionalidad 73/2019, promovida hace siete años por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contra la eliminación de diversas garantías en casos de desalojo. Dichas garantías estaban contempladas en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, vigente desde febrero de 2019 y reformada en mayo del mismo año.

Aparicio subrayó que la principal exigencia es regresar a la redacción original del artículo 60, con el objetivo de evitar desalojos que, dijo, vulneran los derechos humanos. “No se trata de quitar la propiedad a los dueños, sino de que existan garantías legales reales para los inquilinos, como un aviso previo y el derecho a ser escuchados en un juicio”, aclaró.

Por su parte, Eduardo Alanís, activista del Frente Antigentrificación, advirtió que el proyecto pretende validar como constitucional una legislación que permite desalojos sin garantías básicas. “Este proyecto nos da la espalda a quienes vivimos en esta ciudad y favorece a las inmobiliarias. Todo esto ocurre por cinco partidos del Mundial que se jugarán en la Ciudad de México”, afirmó.

Antes de ingresar a la SCJN junto con una comitiva de vecinos y activistas, Aparicio reiteró la exigencia de que el máximo tribunal reconozca que la reforma de 2019 violó el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.

Durante la protesta también tomó la palabra Rufina Galindo, de 71 años, quien fue desalojada de su vivienda en el Centro Histórico en 2023. La mujer pidió a los ministros priorizar los intereses de la ciudadanía. “Que piensen en el pueblo, que es el que los necesita para luchar por su derecho a una vivienda digna”, expresó.

Galindo advirtió que los desalojos son experiencias “traumatizantes” que dejan secuelas psicológicas y generan temor hacia las autoridades.

La manifestación inició a las 8:00 horas y se mantuvo hasta las 15:00 horas, con cierre vial frente a la Suprema Corte, mientras los inconformes esperaban la salida de la comitiva que ingresó a dialogar con los ministros.