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Nacionales

Ex funcionarios enfrentarán proceso penal por la caída de la L12 del Metro

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Después de haber transcurrido 442 días del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, un juez de control vinculó a proceso a ocho ex funcionarios, entre ellos Enrique Horcacistas, acusados de tener responsabilidad en el colapso de la llamada Línea Dorada.

Cada uno enfrentará su proceso penal en libertad. Tras más de 23 horas de audiencia, el impartidor de justicia José Luis Palacios Fernández, determinó iniciar proceso penal contra los ocho ex servidores públicos, todos del sexenio de Marcelo Ebrard, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad.

La audiencia continuará para determinar las medidas cautelares y fijar el plazo para la investigación complementaria.

De esta manera, los ex funcionarios que fueron vinculados a proceso además de Horcasitas Manjarrez son Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil, al igual que Juan Carlos Ramos Alvarado, ex subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras; Fernando Amezcua Ordaz, ex supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12, Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de ingeniería y Proyecto Metro y Ricardo Pérez Ruiz, ex corresponsable de seguridad de la línea 12..

Las audiencias de Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil “C”, y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra para la Construcción de la Línea 12, fueron diferidas para el 17 de agosto, después de que en la diligencia del jueves pasado, dieron positivo a Covid.

Teófilo Benítez, representante legal de las 12 víctimas que no han alcanzado un acuerdo reparatorio, dijo previamente que en la etapa complementaria, solicitarían la reformulación de los delitos de homicidio y lesiones culposas por dolo eventual.

“Todos ellos (los imputados) hacen alusión y manifiestan que sí debían y conocían lo que posiblemente iba a suceder”.

Entonces, sí lo conocían y tenían en consideración eso, es muy lógico que se tenga que cambiar al dolo eventual.

Sin embargo, el Ministerio Público sigue montado en lo mismo, afirmando que es culposo, culposo, culposo.

“Entonces, nosotros vamos a seguir en la etapa complementaria de la investigación, con la imputación debida, hacia la investigación que nos da la verdadera línea. ¿Cuál es esta verdadera línea? Pues que si, efectivamente, sí se construyó mal la línea, tú tuviste 14 años para darte cuenta que la línea estaba mal construida y omitiste realizar el mantenimiento correspondiente”, explicó.

Nacionales

Indignación en Umán por presunto envenenamiento de perros y un gato; presentan denuncia

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Un caso de presunto maltrato animal provocó indignación entre habitantes del fraccionamiento Piedra de Agua, en Umán, Yucatán, luego de que una mujer señalada como catequista fuera acusada de haber envenenado a dos perros y un gato.

De acuerdo con versiones difundidas por vecinos, cámaras de videovigilancia habrían captado el momento en que la mujer proporcionó alimento a los animales, que posteriormente presentaron afectaciones y murieron. Los cuerpos fueron levantados por personal del Servicio Veterinario Forense de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Tras conocerse el caso, vecinos y activistas se concentraron frente al domicilio de la señalada para exigir justicia. Durante la protesta fueron realizadas pintas en las paredes del inmueble con mensajes de rechazo al maltrato animal.

Según los reportes, al ser confrontada por habitantes del fraccionamiento, la mujer habría reconocido su participación en los hechos. El Ayuntamiento de Umán informó que se presentó una denuncia penal para que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes.

El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales exigen que los hechos sean esclarecidos y, de comprobarse el delito, se aplique la sanción establecida en la legislación de Yucatán.

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