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Nacionales

Ex funcionarios enfrentarán proceso penal por la caída de la L12 del Metro

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Después de haber transcurrido 442 días del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, un juez de control vinculó a proceso a ocho ex funcionarios, entre ellos Enrique Horcacistas, acusados de tener responsabilidad en el colapso de la llamada Línea Dorada.

Cada uno enfrentará su proceso penal en libertad. Tras más de 23 horas de audiencia, el impartidor de justicia José Luis Palacios Fernández, determinó iniciar proceso penal contra los ocho ex servidores públicos, todos del sexenio de Marcelo Ebrard, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad.

La audiencia continuará para determinar las medidas cautelares y fijar el plazo para la investigación complementaria.

De esta manera, los ex funcionarios que fueron vinculados a proceso además de Horcasitas Manjarrez son Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil, al igual que Juan Carlos Ramos Alvarado, ex subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras; Fernando Amezcua Ordaz, ex supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12, Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de ingeniería y Proyecto Metro y Ricardo Pérez Ruiz, ex corresponsable de seguridad de la línea 12..

Las audiencias de Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil “C”, y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra para la Construcción de la Línea 12, fueron diferidas para el 17 de agosto, después de que en la diligencia del jueves pasado, dieron positivo a Covid.

Teófilo Benítez, representante legal de las 12 víctimas que no han alcanzado un acuerdo reparatorio, dijo previamente que en la etapa complementaria, solicitarían la reformulación de los delitos de homicidio y lesiones culposas por dolo eventual.

“Todos ellos (los imputados) hacen alusión y manifiestan que sí debían y conocían lo que posiblemente iba a suceder”.

Entonces, sí lo conocían y tenían en consideración eso, es muy lógico que se tenga que cambiar al dolo eventual.

Sin embargo, el Ministerio Público sigue montado en lo mismo, afirmando que es culposo, culposo, culposo.

“Entonces, nosotros vamos a seguir en la etapa complementaria de la investigación, con la imputación debida, hacia la investigación que nos da la verdadera línea. ¿Cuál es esta verdadera línea? Pues que si, efectivamente, sí se construyó mal la línea, tú tuviste 14 años para darte cuenta que la línea estaba mal construida y omitiste realizar el mantenimiento correspondiente”, explicó.

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Maru Campos pide a la Corte mantener ley que permite anular elecciones por intervención criminal

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defendió la reforma electoral aprobada por el Congreso estatal que contempla la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado, además de establecer restricciones para candidaturas vinculadas con grupos delictivos.

A través de un mensaje difundido este lunes, la mandataria señaló que la reforma busca evitar que organizaciones criminales tengan influencia en los procesos electorales y afirmó que Chihuahua fue el primer estado en incorporar estas disposiciones a su legislación.

Campos indicó que la reforma fue aprobada en el Congreso local con excepción de Morena, cuyos legisladores votaron en contra, y posteriormente dicho partido promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tema será analizado por el Pleno de la SCJN este martes 29 de septiembre, junto con otras acciones relacionadas con las reformas electorales de Chihuahua. Las impugnaciones fueron acumuladas y entre ellas se encuentra la promovida por Morena, identificada como AI 99/2026.

La gobernadora pidió a las ministras y ministros mantener vigente la reforma y sostuvo que la protección del voto ciudadano debe garantizar que las decisiones electorales se tomen en las urnas y no bajo influencia criminal.

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