La Ley HB10, que inicia este 1 de diciembre en Carolina del Norte, obliga a los alguaciles a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para verificar el estatus migratorio de detenidos acusados de delitos graves o menores específicos. Esto incluye retenciones de hasta 48 horas para facilitar posibles deportaciones.

Críticos señalan que la ley fomenta la discriminación y el perfilamiento racial, además de erosionar la confianza de las comunidades inmigrantes con las autoridades locales. La medida se alinea con las políticas de deportación masiva promovidas por Donald Trump, quien asumirá la presidencia en enero de 2025.

HB10 refuerza la colaboración entre autoridades locales y ICE, un paso que busca revertir la negativa de ciertos condados a cooperar voluntariamente con inmigración. Sin embargo, líderes locales e inmigrantes han rechazado la legislación por considerarla una amenaza a los derechos humanos y la cohesión social.