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En la administración pasada de la alcaldía de Monterrey, fueron desviados 411 millones de pesos en seguridad simulada.

El gobierno de Adrián de la Garza, ex presidente municipal de Monterrey, fue acusado de desviar 411 millones de pesos en un sistema de seguridad ineficiente y corrupto. El proyecto del C4, que costó 647 millones de pesos, resultó que no vigilaba a nadie, ya que de las 4 mil cámaras prometidas, 2 mil 384 no funcionaban o no existían. Además, se descubrió que se adquirió un software gratuito de internet.
Miguel Alfonso Meza, consultor en derecho anticorrupción, destacó que al asumir el poder Luis Donaldo Colosio, se encontró con un sistema de vigilancia inoperante, pues más de la mitad de las cámaras no estaban conectadas. Meza señaló que el C4 fue una excusa para desviar millones de pesos y que se construyó un centro simulado sin funcionalidad real.
Las irregularidades incluyen colusión entre empresas y el municipio por 251 millones de pesos, mantenimiento inexistente por 87.4 millones, 140 tablets no utilizadas por 3 millones de pesos, servidores que no cumplían especificaciones por 29.2 millones y la compra de un software gratuito por 16.4 millones. Además, se encontró que las 140 tablets estaban almacenadas sin usar y el inventario del equipo de vigilancia era ficticio, sin placas de patrimonio municipal ni una cantidad clara de cámaras adquiridas.
La empresa Control Track ganó todos los contratos mediante licitaciones simuladas con Alliance Soluciones, con ambas presentando las mismas cotizaciones y errores. Todas estas inconsistencias fueron dictaminadas por un perito acreditado ante la Fiscalía General del Estado ya que el municipio de Monterrey presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y el caso está en proceso.
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Muere trailero y saquean su mercancía en Cumbres de Maltrata, un día después de aprobarse ley contra la rapiña en Veracruz
Un operador de tráiler perdió la vida luego de que la unidad que conducía volcara sobre la autopista 150D, a la altura de las Cumbres de Maltrata, en Veracruz, donde además se reportó el saqueo de la mercancía que transportaba.
De acuerdo con los primeros reportes, tras el accidente la carga quedó expuesta sobre la zona del percance, situación que fue aprovechada por varias personas que llegaron al lugar para sustraer parte de los productos.
El hecho ocurrió apenas un día después de que el Congreso del Estado de Veracruz aprobara una reforma al Código Penal para sancionar los actos de rapiña cometidos durante accidentes carreteros, siniestros y otras situaciones de emergencia.
Aprueban penas de hasta cinco años de prisión por rapiña
La reforma, avalada por unanimidad con 46 votos a favor, contempla sanciones de dos a cinco años de prisión y multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes se apoderen de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos públicos o privados, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad generadas por un accidente.
La modificación contempla la incorporación del artículo 207 Bis al Código Penal de Veracruz, a partir de una iniciativa presentada por el diputado Omar Edmundo Blanco Martínez.
Su objetivo es proteger el patrimonio de transportistas, empresas y particulares, además de evitar que los saqueos dificulten las labores de auxilio o agraven las consecuencias de los accidentes carreteros.
Accidente reaviva preocupación por saqueos en carreteras
El caso registrado en las Cumbres de Maltrata vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la rapiña en carreteras, particularmente cuando los vehículos de carga sufren accidentes y la mercancía queda expuesta.
Aunque la reforma fue aprobada recientemente por el Congreso estatal, su aplicación depende de que entre en vigor conforme al procedimiento legal correspondiente, por lo que su aprobación no implica que las nuevas sanciones ya sean aplicables.
El fallecimiento del conductor y el presunto saqueo de la carga ponen nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan los transportistas en las vías de comunicación de Veracruz.





