El gobierno de Adrián de la Garza, ex presidente municipal de Monterrey, fue acusado de desviar 411 millones de pesos en un sistema de seguridad ineficiente y corrupto. El proyecto del C4, que costó 647 millones de pesos, resultó que no vigilaba a nadie, ya que de las 4 mil cámaras prometidas, 2 mil 384 no funcionaban o no existían. Además, se descubrió que se adquirió un software gratuito de internet.

Miguel Alfonso Meza, consultor en derecho anticorrupción, destacó que al asumir el poder Luis Donaldo Colosio, se encontró con un sistema de vigilancia inoperante, pues más de la mitad de las cámaras no estaban conectadas. Meza señaló que el C4 fue una excusa para desviar millones de pesos y que se construyó un centro simulado sin funcionalidad real.

Las irregularidades incluyen colusión entre empresas y el municipio por 251 millones de pesos, mantenimiento inexistente por 87.4 millones, 140 tablets no utilizadas por 3 millones de pesos, servidores que no cumplían especificaciones por 29.2 millones y la compra de un software gratuito por 16.4 millones. Además, se encontró que las 140 tablets estaban almacenadas sin usar y el inventario del equipo de vigilancia era ficticio, sin placas de patrimonio municipal ni una cantidad clara de cámaras adquiridas.

La empresa Control Track ganó todos los contratos mediante licitaciones simuladas con Alliance Soluciones, con ambas presentando las mismas cotizaciones y errores. Todas estas inconsistencias fueron dictaminadas por un perito acreditado ante la Fiscalía General del Estado ya que el municipio de Monterrey presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y el caso está en proceso.