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La Internacional Villahermosa

Internacionales

El Salvador califica de crimen de Estado la muerte de 40 migrantes en Chihuahua

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El Salvador calificó de “crimen de Estado” la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido la semana pasada en un centro de detención de la localidad fronteriza de Ciudad Juárez y exigió la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración de México.

Así lo manifestó la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, desde Ciudad Juárez, a donde viajó para tramitar la repatriación de los siete salvadoreños que murieron en el incendio y prestar apoyo a los heridos y sus familiares.

“El Salvador exige una condena ante ese crimen que lo cataloga como un crimen de Estado”, dijo a la prensa desde las afueras de la oficina de la Fiscalía General, adonde acudió para obtener información oficial sobre los hechos.

Al rechazar el manejo del caso por parte de las autoridades mexicanas, la viceministra centroamericana sostuvo que tanto el Instituto Nacional de Migración de México como las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores se reparten la responsabilidad.

“Nosotros no queremos que los responsables sean los de pies descalzos. Nosotros queremos que sean aquellos que son los tomadores de decisiones”, afirmó Portal al exigir la destitución y procesamiento del titular del INM, Francisco Garduño, al que llamó “irresponsable”.

El gobierno mexicano hasta el momento no ha ofrecido comentarios sobre la declaración de la viceministra salvadoreña.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la víspera que la cifra de decesos por el incendio ocurrido el 27 de marzo se elevó a 40 tras la muerte de uno de los 28 heridos, quien falleció durante el traslado aéreo desde Ciudad Juárez al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados de la Ciudad de México. Las autoridades no informaron la identidad ni la nacionalidad del fallecido ni cuándo murió.

La mayoría de las víctimas del incendio eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.

Del total de los lesionados aún permanecen hospitalizados 23 en centros de salud de Ciudad Juárez y la Ciudad de México.

Por el caso se dictaron órdenes de arresto contra seis personas quienes enfrentan cargos por homicidio y lesiones. La fiscalía federal también investiga a otras personas.

Entre los procesados están tres funcionarios del INM, dos guardias de seguridad del centro de detención y un migrante que es señalado de haber iniciado el fuego.

Un video de una cámara de seguridad del interior de la instalación de Ciudad Juárez mostró a unos guardias que salían caminando cuando comenzó el incendio en la celda en la que estaban recluidos decenas de migrantes sin hacer el más mínimo intento de liberarlos. Se desconoce si esos guardias tenían las llaves de la celda.


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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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