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El “Portal al Infierno” fue recuperado, una pieza Olmeca robada hace 50 Años

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) está finalizando la restauración del “Portal al Infierno”, un importante vestigio olmeca robado hace más de 50 años y recientemente repatriado de Estados Unidos. Este monolito, descubierto en Chalcatzingo, Morelos en 1960, fue sustraído por saqueadores que engañaron al campesino que lo encontró. Para facilitar su transporte, los traficantes dañaron la parte posterior del objeto.

El “Portal al Infierno” es un bajorrelieve de granodiorita que data del Preclásico Medio (800-400 a.C.) y representa un “monstruo de la tierra” de la iconografía olmeca. La pieza fue identificada por el arqueólogo David Grove en 1968 y se dio a conocer en su libro “Ancient Chalcatzingo” en 1987. Gracias a la colaboración del INAH, la Consultoría Jurídica de la Cancillería y el Consulado General de México en Nueva York, se localizó y repatrió el monolito en 2023.

La restauración del “Portal al Infierno” se está llevando a cabo en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, bajo la supervisión del restaurador perito Juan Manuel Rocha Reyes. La pieza, que pesa casi una tonelada y mide 1.8 metros de altura, simboliza la entrada al inframundo con sus fauces abiertas. La restauración ha sido posible gracias al apoyo financiero del gobierno de Suiza, que también ha colaborado en otros proyectos culturales en México.

El INAH destacó la importancia de esta recuperación no solo por el valor histórico y cultural del monolito, sino también por el éxito de la cooperación internacional para la protección del patrimonio cultural. La restauración del “Portal al Infierno” es un ejemplo del compromiso global con la preservación de la herencia arqueológica y la lucha contra el tráfico ilegal del patrimonio.

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Dejan en libertad a 15 detenidos durante operativo contra “R2” en Jalisco; cinco siguen bajo custodia

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Entre las personas que podrán continuar su proceso sin prisión preventiva se encuentran integrantes del grupo musical Los Arras, empleados y clientes del restaurante Sabea. La situación jurídica de otros cinco detenidos continúa pendiente de resolución.

Un juez de Control determinó que 15 de las 20 personas detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, en Jalisco, puedan continuar su proceso judicial en libertad, mientras que otros cinco hombres permanecerán bajo custodia en el complejo penitenciario de Puente Grande.

La resolución se produjo después de una extensa audiencia relacionada con el despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, donde fueron aseguradas varias personas que se encontraban en el establecimiento al momento de la intervención de las autoridades.

Entre quienes obtuvieron el beneficio de enfrentar el procedimiento fuera de prisión se encuentran músicos de la agrupación Los Arras, así como trabajadores y comensales del negocio.

Sin embargo, la determinación judicial no representa una absolución, ya que los involucrados deberán cumplir con las medidas cautelares establecidas y mantenerse disponibles para las siguientes etapas del proceso.

Cinco detenidos permanecerán en Puente Grande

De acuerdo con información difundida por N+, los cinco hombres que continuarán bajo custodia fueron identificados como Fernando Omar “N”, Luis Felipe “N”, Uriel Rodrigo “N”, Óscar “N” y Rogelio “N”.

Los señalados enfrentan imputaciones relacionadas con presuntos delitos de portación de armas de fuego, narcomenudeo y pandillerismo.

Su situación jurídica todavía deberá ser definida por la autoridad judicial, conforme a los plazos establecidos y los elementos que presenten tanto el Ministerio Público como sus respectivas defensas.

Audiencia continuará el domingo 15 de noviembre

El abogado Gilberto Pedraza, quien representa legalmente a cuatro de los investigados, explicó que las 20 personas detenidas solicitaron ampliar el plazo constitucional a 144 horas.

Esta medida permite disponer de más tiempo para preparar su defensa y reunir información que pueda ser presentada ante el juez.

Por ello, la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo domingo 15 de noviembre, fecha en la que se espera una determinación sobre la situación jurídica de los cinco hombres que permanecen detenidos.

La audiencia inicial comenzó durante la tarde del miércoles 11 de noviembre y se extendió hasta la mañana del jueves 12, debido al número de personas involucradas y las actuaciones procesales realizadas.

“R2” permanece hospitalizado; suspenden audiencia por su estado de salud

Por separado, Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, continúa recibiendo atención médica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, después de resultar lesionado durante el operativo en el que fue capturado.

Su audiencia inicial, prevista para el miércoles 11 de noviembre mediante videoconferencia, tuvo que suspenderse debido a que los medicamentos administrados durante su recuperación le provocaban somnolencia, impidiéndole participar adecuadamente en la diligencia.

El procedimiento judicial deberá reanudarse cuando las condiciones médicas del detenido permitan garantizar su participación y el ejercicio de su derecho a la defensa.

Continúan investigaciones por operativo en restaurante Sabea

El despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, derivó en la detención de 21 personas en total, incluyendo a Rafael Álvarez Ayala, quien permanece hospitalizado.

Las autoridades federales investigan los hechos relacionados con el operativo y las posibles responsabilidades de los involucrados, mientras los procedimientos judiciales continúan por separado.

La liberación de los 15 detenidos fue confirmada este jueves 12 de noviembre, aunque deberán atender las obligaciones procesales establecidas por el juez.

El caso continuará el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que la autoridad judicial retome las actuaciones relacionadas con los cinco hombres que permanecen recluidos en Puente Grande.

Mientras tanto, la audiencia de “R2” sigue pendiente debido a su estado de salud y las autoridades deberán garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.

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