El aquel entonces el pequeño Murtaja Qureiris apenas tenía diez años cuando, en una concentración de chiquillos con bicicletas, lanzó megáfono en mano una súplica: “El pueblo reclama derechos humanos”.

Por aquel episodio fue detenido durante tres años después y ahora, recién cumplida la mayoría de edad, se enfrenta a la pena capital, con la petición del fiscal de que su cuerpo sea sometido a la crucifixión pública y la desmembración.

Murtaja se ha convertido en el enésimo icono del calvario que sufren quienes desafían a la monarquía saudí del príncipe heredero Mohamed bin Salman.

El joven procede de una provincia del este de Arabia Saudí y creció en una familia de activistas de la minoría chií, que denuncia décadas de marginación.

Un argumento que rechazan las organizaciones de derechos humanos. “Las autoridades saudíes tienen un escalofriante historial de uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a los manifestantes antigubernamentales, incluidos menores de la perseguida minoría chií del país”.

Así lo denuncia Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Próximo. Un decapitación que ahora sobrevuela sobre el sombrío porvenir del pequeño Murtaja.

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