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La Internacional Villahermosa

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Ebrard afirma que Pedro Castillo no ha solicitado asilo a México

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Foto: Internet

Los accesos a la Embajada de México en Lima, Perú, fueron bloqueados por varios automovilistas, con el objetivo de impedir la posible acogida del ahora expresidente Pedro Castillo.

Perú atraviesa por una fuerte crisis política después de que Pedro Castillo anunciara la disolución del Legislativo y declarara un Gobierno de excepción de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado.

En respuesta el Congreso destituyó a Castillo como presidente y convocó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma el cargo de presidenta de la República.

El procurador general del Estado, Daniel Soria, interpuso una denuncia contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de sediciónabuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Posteriormente el expresidente peruano fue detenido por disolución ilegal del Congreso y trasladado a la Región Policial de Lima.

Para evitar su posible acogida en la Embajada de México en Lima varios automovilistas bloquearon la avenida sobre la que se ubica el edificio.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, apuntó que en la Embajada nunca se tuvo conocimiento sobre la posible llegada de Pedro Castillo a la sede diplomática.

Tampoco he recibido yo ninguna llamada de él, de Pedro, de su familia, o de algún cercano, pidiéndome que le diéramos asilo o algo por el estilo”, aclaró en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

El canciller añadió que la primera consecuencia internacional de la crisis política en Perú es el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, programada para el 14 de diciembre, y por ende el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Lima.

Cabe destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado a favor de Pedro Castillo y su gobierno tiene antecedentes de apoyo a líderes de izquierda, como Evo Morales, a quien México recibió en 2019 como asilado político tras el “golpe de Estado” en su contra.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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