Washington, D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha continuado con una serie de ataques militares letales contra presuntos narcotraficantes en América Latina, bajo el argumento de una “guerra directa contra los cárteles”. Sin embargo, diversos legisladores y expertos en derecho internacional han advertido que dichas acciones podrían violar la Constitución estadounidense y carecer del aval legal requerido del Congreso.

De acuerdo con reportes de Reuters, Associated Press y TIME, los ataques se han dirigido principalmente contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico oriental. El propio Trump ha sostenido que “no necesita permiso del Congreso” para ordenar operaciones de este tipo, alegando que se trata de una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La posición del exmandatario ha generado controversia, ya que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad de declarar la guerra, mientras que el presidente solo puede ordenar acciones militares limitadas bajo circunstancias excepcionales. Especialistas afirman que estas operaciones, al no contar con autorización legislativa, podrían representar un uso inconstitucional de la fuerza armada.

Además, analistas y organizaciones internacionales señalan que atacar presuntos objetivos del narcotráfico sin pruebas verificadas ni coordinación con los gobiernos de la región podría vulnerar el derecho internacional y los tratados sobre soberanía nacional.

La Casa Blanca ha evitado calificar formalmente estas acciones como una “declaración de guerra”, pero reconoció que se han emprendido “operaciones de seguridad ampliadas” en zonas marítimas. Mientras tanto, el Congreso estadounidense estudia posibles medidas de control y revisión sobre el uso de la fuerza militar.

El debate reaviva viejas tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en torno al alcance de la autoridad presidencial para intervenir en el extranjero. Organismos de derechos humanos, por su parte, han pedido transparencia y rendición de cuentas, advirtiendo sobre los riesgos de que estas operaciones se extiendan sin supervisión ni base legal clara.