La diputada local del PRD, Dolores Gutiérrez Zurita, marcó su extrañeza de la ausencia del titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, ante la presunta crisis de salud que se vive en Tabasco.

Incluso, señaló que es más extraño que el presidente de La República Andrés Manuel López Obrador, tampoco haya pronunciado al respeto.

“Tomando en cuenta la crisis hospitalaria con la que inició el gobierno actual en Tabasco, llama la atención que a estas alturas siga sin visitar el estado el Secretario de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer Varela”, dijo.

Gutiérrez Zurita, señaló que es necesario que la actual administración estatal debe aclarar si hay o no crisis en el sector salud de Tabasco.

“¿Dónde está el Secretario de Salud federal? ¿Cuántas veces ha venido a Tabasco en la presunta crisis que enfrenta el gobierno de Adán Augusto López Hernández, el estado de dónde es originario el Presidente de la República? ¿Qué es lo que está pasando?”, cuestionó.

Por otra parte, en la tribuna del Congreso de Tabasco, Gutiérrez Zurita denunció el maltrato y discriminación que sufren personas adultas mayores que laboran como empacadores en las cadenas comerciales presentes en el estado.

Por ello, propuso un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Gobierno de Tabasco para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones para prevenir la discriminación y verifiquen las condiciones de trabajo de los integrantes del programa de empacadores voluntarios.

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que además de ser sometidos a actividades que caen en condiciones inhumanas, los adultos mayores son presionados para pagar una cuota a los supervisores de dichas tiendas a cambio de poder trabajar un turno.

Por ello, llamó al gobernador Adán Augusto López Hernández para que reactive las labores del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado que fueron cesadas al entrar la nueva administración pese a ser mandato constitucional.