El empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al asegurar que es víctima de una presunta persecución política, fiscal y judicial, derivada del conflicto que mantiene con las autoridades hacendarias por un adeudo millonario de impuestos.

La queja fue interpuesta luego de que el magnate agotara todas las instancias legales en México y perdiera de manera definitiva diversos litigios fiscales, incluidos fallos adversos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmaron un adeudo acumulado cercano a 51 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con un comunicado difundido por Grupo Salinas, la denuncia sostiene que desde 2023 el empresario ha sido objeto de un hostigamiento sistemático por parte del Estado, a través de auditorías reiteradas, procedimientos administrativos y resoluciones judiciales que —afirma— buscan inhibir su participación en el debate público y afectar su libertad de expresión.

El anuncio se dio a conocer tras una reunión de Salinas Pliego con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. En el documento presentado ante el organismo internacional, el conglomerado empresarial acusa al gobierno mexicano de utilizar el aparato fiscal con fines políticos y de afectar la reputación del empresario mediante declaraciones públicas y cobertura mediática adversa.

Asimismo, el grupo señala que la reciente reforma judicial, que permitió la renovación de una parte del Poder Judicial mediante voto popular, habría generado —según su postura— una “captura institucional” que vulnera el derecho a un juicio imparcial.

El movimiento del empresario ocurre semanas después de que la Secretaría de Hacienda definiera el monto definitivo del adeudo fiscal, con lo que el proceso entró en su etapa de ejecución, tras más de una década de litigios. Autoridades federales informaron previamente que el pago podría exigirse en el corto plazo, aunque existe la posibilidad de una reducción si se cubre de manera voluntaria.

Pese a ello, el empresario ha optado por llevar el conflicto al ámbito internacional, en lo que representa una nueva fase del enfrentamiento entre uno de los hombres más acaudalados del país y el gobierno federal.