Para homologar criterios que ayuden a la labor jurisdiccional y se dé a los
justiciables lo que les corresponde de acuerdo a la ley, magistrados y jueces
del Tribunal Superior de Justicia realizaron el segundo conversatorio penal, en
el que se analizaron y debatieron temas relacionados con su quehacer.

Gregorio Romero Texquextle, presidente de la primera sala penal,
informó que se busca que las opiniones de jueces y magistrados sobre temas
como registros de acuerdos reparatorios, ofrecimiento de pruebas, pruebas
documentales y materiales y nulidad de juicios sean complementados,
robustecidos, ratificados y hasta contradichos.

Los tópicos analizados en esta ocasión estuvieron a cargo de los jueces
Ludwig Ovando Ramón que puso sobre la mesa de análisis El adecuado
registro de los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional; Nina León
Guzmán, que disertó sobre El ofrecimiento de pruebas de la defensa y
descubrimiento probatorio; Jesús Vázquez Torres, con el tema La prueba
documental y material; Ana Gabriela Hernández Villegas, quien expuso sobre
Nulidad de los juicios de inmediación, y María del Socorro González Valencia
quien abordó lo tocante a beneficios sustitutivos de prisión.

Uno de los asuntos que más interés generó fue el ofrecimiento de
pruebas de la defensa y descubrimiento probatorio analizado por la doctora en
Derecho Judicial Nina León Guzmán. Sus compañeros juzgadores
coincidieron en que actualmente los defensores particulares y públicos están
cayendo en excesos al momento de ofrecer sus medios de prueba hasta la fase
oral de la audiencia intermedia (donde se debe dar la admisión, depuración y el dictado de auto de apertura a juicio), lo que afecta el principio de igualdad
de las partes.

León Guzmán explicó que esta práctica ha originado que las audiencias
se difieran en varias ocasiones, y comentó que la ley es clara, ya que en el
artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece en
qué momento se deben ofrecer dichos medios de prueba.

El magistrado Samuel Ramos Torres indicó que esta situación tendría su
origen debido a una interpretación que se da al artículo 337 del Código
Nacional de Procedimientos Penales que puede ser confuso, ya que en el
último párrafo señala que “en caso de que el acusado o el defensor requiera
más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso podrá solicitar al juez
de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma, le
conceda un plazo razonable y justificado para tal efecto” lo que puede
remontar a la teoría del caso.

El juez Juan Guillermo Álvarez señaló que este párrafo se refiere a la
preparación de la defensa en base a los medios de prueba que le ha presentado
la Fiscalía y no para que haga descubrimientos probatorios nuevos o tardíos.

El doctor en Derecho Gregorio Romero destacó que es importante
analizar la última parte del artículo 337 de forma precisa, porque no se debe
descuidar el tema de la defensa adecuada, y no revolver conceptos, ya que una
cosa son los datos de prueba, otra los medios de prueba y otras las pruebas, al
ser un tema donde se pueden dar interpretaciones.

Coincidió en que se debe cuidar el principio de igualdad de las partes
intervinientes en un juicio, esto es, que tanto la defensa como el fiscal del
Ministerio Público estén en las mismas condiciones.

Y al ser un tópico que requiere un estudio más profundo sugirió que en
otro encuentro con jueces federales se pueda abordar y discutir para llegar a
un justo medio.

El magistrado Romero Tequextle recordó a jueces y magistrados
reunidos en el Centro de Especialización Judicial que la comisión elaboradora
de criterios jurídicos –integrada por los magistrados Eduardo Antonio
Méndez Gómez, Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, y Lorena Concepción
Gómez González, así como las coordinadoras de compilación Ana Ruth Zurita
Sánchez y Thelma Romero Olivé–, trabajará estos temas para lograr el
objetivo planteado para los conversatorios.

Tras su análisis del tema, El adecuado registro de los acuerdos
reparatorios y la suspensión condicional, el juez Ludwig Ovando Ramón
aseveró que todos los operadores jurídicos son responsables de que el modelo
de procesamiento penal funcione, por ello es necesario tocar estos temas con
el objetivo de unificar criterios divergentes, contribuir a que exista un control
y seguimiento eficaz de las salidas alternas al proceso y que accedan a ellas
quienes realmente tienen derecho.