El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una serie de leyes ambientales que imponen estrictas responsabilidades a cualquier persona o entidad que cause daño a la naturaleza, exigiendo la reparación del mismo. Esta nueva legislación, que incorpora las opiniones de colectivos, legisladores y activistas, representa un avance significativo en la protección del medio ambiente.

Las reformas incluyen la modificación del artículo 65 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la derogación de varios artículos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México. Según la diputada Tania Nanette Larios Pérez, estas adecuaciones responden no solo a un mandato constitucional, sino también a los retos ambientales globales y locales. La nueva ley aborda problemas críticos como la contaminación del aire y del agua, la pérdida de biodiversidad y la gestión de residuos sólidos.

La legisladora Gabriela Salido Magos, del PAN, criticó que la nueva ley no incluya un estudio de impacto presupuestal ni se haya sometido a consulta pública, lo que podría haber garantizado mejor los derechos humanos. Aun así, la ley es vista como un paso crucial para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la resiliencia de la ciudad ante el cambio climático.

La ley de responsabilidad ambiental, promovida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), permite a los ciudadanos exigir la reparación de daños ambientales ante los tribunales. Mariana Boy, titular de la PAOT, destacó que esta ley es un avance hacia la justicia restaurativa, obligando a los responsables a restituir y restaurar el medio ambiente afectado. Una vez publicada, cualquier ciudadano podrá demandar la reparación del daño ambiental, garantizando así el derecho a un medio ambiente sano.