Un juez federal sentenció a 15 años seis meses de prisión a José Antonio Rico Rico, quien era parte de la sociedad financiera Caja Libertad y socio del abogado Juan Collado Mocelo, actualmente preso y que enfrenta diversos procesos.

La Fiscalía General de la República acusó a Antonio Rico de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Luego de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público Federal, el juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte dictó la condena e impuso dos mil días multa, suspensión de derechos políticos, amonestación, le niegan sustitutivos y beneficios de pena, y se le condenó al pago de la reparación del daño de manera genérica. Lo anterior sucedió durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

La FGR acusó formalmente al abogado Juan Collado de formar parte de una empresa a través de la cual se realizaron transferencias financieras a España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de los recursos, además de que simuló la compra de otras compañías.

Juan Collado permanece interno en el reclusorio Norte, tras ser detenido el 9 de julio de 2019, tras un operativo en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Se sabe que se encontraba acompañado de su cliente, el hoy ex líder del Sindicato de Petroleros, Carlos Romero Deschamps.

En la acusación, firmada por la agente del Ministerio Público Federal, Gloria Minerva Sánchez, titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, se establece que:

“En dicha empresa (Libertad Servicios Financieros), José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, en diferentes momentos han desempeñado funciones ejecutivas, de presidentes del consejo de administración, persona moral que realiza transferencias financieras de manera reiterada al exterior como España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de dichos recursos, existiendo la duda de su procedencia”.

A partir de una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se acusó a Collado y a otras personas de conformar un “grupo delictivo” que, durante nueve años, bajo un reparto de funciones esenciales, lograron vender ficticiamente una propiedad que fingieron adquirir y no les pertenecía.

“…y con el recurso de producto de esa venta ilícita, realizan la dispersión del dinero a través de transferencias bancarias que efectuó Tania Patricia García Ortega a Juan Ramón Collado Mocelo y a empresas de José Antonio Rico Rico, utilizando con ello el sistema financiero mexicano, finalidad que consiguieron a través de la simulación de actos jurídicos ficticios…”

Se menciona que el 19 de abril de 2010, se constituyó la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, por José David Aguilar y José María Cabrera López, y tres días después, el 21 de ese mes los socios fundadores vendieron sus acciones a José Guadalupe Aboites Hernández y a Jesús Guevara Aguilar, respectivamente, “situación que no es normal, de alguien que constituye una empresa y tres días después la vende”.

Casi un mes después, dicha empresa compró un terreno con una construcción en obra negra, que después la misma compañía terminó de construir, ubicado en lote 2, manzana CS-12, Centro Sur, Boulevard Bernardo Quintana número 9791 C-Sur, en la ciudad de Querétaro.

La FGR argumentó que el 3 de julio de 2013, se llevó a cabo una asamblea por parte de Operadora de Inmuebles del Centro, en la que se acordó la transmisión de acciones; Aboites Hernández, titular del 50 por ciento de acciones, vendió a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, mientras que Guevara Aguilar, socio del otro 50 por ciento, vendió sus acciones a Fanny Gabriela Frías Cantú, nombrándose a Cárdenas Rico administrador único de la empresa.

Sin embargo, a la asamblea no asistió Guevara Aguilar, por lo que no otorgó su consentimiento para la venta de sus acciones, ni nombró a Cárdenas Rico para que administrara o vendiera sus bienes.