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Nacionales

Cofepris autoriza más de 600 mil cajas de medicamentos para psiquiatría

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Fueron autorizadas para su comercialización 653,162 cajas de imipramina, lorazepam, lozam y talpramin/imipramina. De acuerdo con un comunicado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los medicamentos pertenecen a 43 lotes producidos por Psicofarma, “los cuales fueron aprobados después de un riguroso análisis técnico”.

A través de un comunicado, la Cofepris detalló que con esta cuarta liberación, “suman 10 millones 445 mil 286 cajas de medicamentos de atención psiquiátrica que podrán estar disponibles para las y los pacientes del país”.

La Cofepris subrayó que “la comercialización de los fármacos es totalmente responsabilidad de la empresa”.

Se menciona que la Cofepris da seguimiento puntual a los avances del fabricante en el cumplimiento de acciones para corregir las irregularidades detectadas, que se detallan en la Carta de Hallazgos con fecha 22 de febrero de 2023 y, eventualmente, reanudar la producción de más medicamentos controlados.

En el mes de febrero, Excélsior Digital te informó que la escasez de medicamentos utilizados en padecimientos que afectan el estado neurológico y salud mental de niños, niñas, adolescentes y adultos en el país comenzó hace al menos medio año, pero se volvió crítica.

De plano los pacientes ya no los han podido conseguir, hace unos meses iban de una farmacia a otra pero al final los encontraban, ahora no es posible”, advirtió Juan Calixto Hernández Aguilar, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, A.C.

Cofepris precisó en su comunicado de este jueves que mantiene acciones de regulación proactiva para construir una ruta regulatoria que promueva avances en el acceso a medicamentos de atención psiquiátrica.

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Nacionales

Dejan en libertad a 15 detenidos durante operativo contra “R2” en Jalisco; cinco siguen bajo custodia

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Entre las personas que podrán continuar su proceso sin prisión preventiva se encuentran integrantes del grupo musical Los Arras, empleados y clientes del restaurante Sabea. La situación jurídica de otros cinco detenidos continúa pendiente de resolución.

Un juez de Control determinó que 15 de las 20 personas detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, en Jalisco, puedan continuar su proceso judicial en libertad, mientras que otros cinco hombres permanecerán bajo custodia en el complejo penitenciario de Puente Grande.

La resolución se produjo después de una extensa audiencia relacionada con el despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, donde fueron aseguradas varias personas que se encontraban en el establecimiento al momento de la intervención de las autoridades.

Entre quienes obtuvieron el beneficio de enfrentar el procedimiento fuera de prisión se encuentran músicos de la agrupación Los Arras, así como trabajadores y comensales del negocio.

Sin embargo, la determinación judicial no representa una absolución, ya que los involucrados deberán cumplir con las medidas cautelares establecidas y mantenerse disponibles para las siguientes etapas del proceso.

Cinco detenidos permanecerán en Puente Grande

De acuerdo con información difundida por N+, los cinco hombres que continuarán bajo custodia fueron identificados como Fernando Omar “N”, Luis Felipe “N”, Uriel Rodrigo “N”, Óscar “N” y Rogelio “N”.

Los señalados enfrentan imputaciones relacionadas con presuntos delitos de portación de armas de fuego, narcomenudeo y pandillerismo.

Su situación jurídica todavía deberá ser definida por la autoridad judicial, conforme a los plazos establecidos y los elementos que presenten tanto el Ministerio Público como sus respectivas defensas.

Audiencia continuará el domingo 15 de noviembre

El abogado Gilberto Pedraza, quien representa legalmente a cuatro de los investigados, explicó que las 20 personas detenidas solicitaron ampliar el plazo constitucional a 144 horas.

Esta medida permite disponer de más tiempo para preparar su defensa y reunir información que pueda ser presentada ante el juez.

Por ello, la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo domingo 15 de noviembre, fecha en la que se espera una determinación sobre la situación jurídica de los cinco hombres que permanecen detenidos.

La audiencia inicial comenzó durante la tarde del miércoles 11 de noviembre y se extendió hasta la mañana del jueves 12, debido al número de personas involucradas y las actuaciones procesales realizadas.

“R2” permanece hospitalizado; suspenden audiencia por su estado de salud

Por separado, Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, continúa recibiendo atención médica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, después de resultar lesionado durante el operativo en el que fue capturado.

Su audiencia inicial, prevista para el miércoles 11 de noviembre mediante videoconferencia, tuvo que suspenderse debido a que los medicamentos administrados durante su recuperación le provocaban somnolencia, impidiéndole participar adecuadamente en la diligencia.

El procedimiento judicial deberá reanudarse cuando las condiciones médicas del detenido permitan garantizar su participación y el ejercicio de su derecho a la defensa.

Continúan investigaciones por operativo en restaurante Sabea

El despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, derivó en la detención de 21 personas en total, incluyendo a Rafael Álvarez Ayala, quien permanece hospitalizado.

Las autoridades federales investigan los hechos relacionados con el operativo y las posibles responsabilidades de los involucrados, mientras los procedimientos judiciales continúan por separado.

La liberación de los 15 detenidos fue confirmada este jueves 12 de noviembre, aunque deberán atender las obligaciones procesales establecidas por el juez.

El caso continuará el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que la autoridad judicial retome las actuaciones relacionadas con los cinco hombres que permanecen recluidos en Puente Grande.

Mientras tanto, la audiencia de “R2” sigue pendiente debido a su estado de salud y las autoridades deberán garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.

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