La Casa Blanca está dando a todas las agencias federales 30 días para borrar TikTok de todos los dispositivos del gobierno, ya que la aplicación de medios sociales de propiedad china está bajo creciente escrutinio en Washington por preocupaciones de seguridad.

La Oficina de Gestión y Presupuesto califica la directriz, emitida el lunes, como un “paso crítico para abordar los riesgos que presenta la aplicación para los datos sensibles del gobierno”.

Algunos organismos, entre ellos los Departamentos de Defensa, Seguridad Nacional y Estado, ya aplican restricciones; la directriz insta al resto del gobierno federal a seguir su ejemplo en un plazo de 30 días.

La Casa Blanca ya no permite TikTok en sus dispositivos. “La administración Biden-Harris ha invertido mucho en la defensa de la infraestructura digital de nuestro país y en frenar el acceso de adversarios extranjeros a los datos de los estadounidenses”, dijo Chris DeRusha, director federal de seguridad de la información.

“Estas directrices forman parte del compromiso permanente de la Administración de garantizar la seguridad de nuestra infraestructura digital y proteger la seguridad y la privacidad de los estadounidenses”.

El Congreso aprobó en diciembre la ley “No TikTok on Government Devices Act” (Acta de Prohibición de  TikTok en dispositivos del Gobierno) como parte de un amplio paquete de financiación del gobierno. La ley permite el uso de TikTok en determinados casos, como la seguridad nacional, la aplicación de la ley y la investigación.

Brooke Oberwetter, portavoz de TikTok, declaró el lunes: “La prohibición de TikTok en los dispositivos federales se aprobó en diciembre sin ninguna deliberación, y por desgracia este enfoque ha servido de modelo para otros gobiernos del mundo. Estas prohibiciones son poco más que teatro político”.

Se espera que los republicanos de la Cámara avancen con un proyecto de ley que daría a Biden el poder de prohibir TikTok en todo el país.

La legislación, propuesta por el representante Mike McCaul, busca eludir los desafíos a los que se enfrentaría la administración en los tribunales si siguiera adelante con las sanciones contra la empresa de medios sociales.