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La Internacional Villahermosa

Internacionales

Biden limitará el asilo y cerrará la frontera con México si se superan los 4,000 cruces diarios

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El presidente Joe Biden planea anunciar una orden ejecutiva que restringirá las peticiones de asilo y permitirá cerrar la frontera con México cuando los cruces ilegales superen un determinado umbral. Esta medida, que será anunciada el martes, se aplicará si se registran más de 4,000 cruces diarios durante una semana y permitirá a los agentes de inmigración deportar rápidamente a los inmigrantes que ingresen ilegalmente al país. Biden utilizará la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, similar a la política aplicada por Donald Trump durante su presidencia.

La nueva orden ejecutiva también endurecerá los requisitos para otorgar asilo, limitando la capacidad de los solicitantes para iniciar sus peticiones desde los puertos de entrada y exigiendo que utilicen una aplicación móvil desde sus países de origen. Actualmente, hay unos dos millones de solicitudes de asilo en espera de una decisión, con la mayoría de los solicitantes viviendo en Estados Unidos mientras esperan. La medida, en preparación desde abril, podría enfrentar desafíos legales por parte de organizaciones de derechos humanos y estados republicanos críticos con la gestión fronteriza de Biden.

Este anuncio llega en un momento en que los cruces ilegales en la frontera han disminuido por tercer mes consecutivo, gracias a las acciones de las autoridades mexicanas. Sin embargo, Biden busca fortalecer su posición en la gestión migratoria de cara a las elecciones de noviembre, donde la política fronteriza es un tema central para el electorado. La orden ejecutiva también será una herramienta importante en su debate con Donald Trump, quien ha prometido cerrar la frontera con México en su primer día de regreso a la Casa Blanca.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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