Nacionales
ASF detecta irregularidades por 563 mdp en 2023. Guerrero y Veracruz están en la Mira

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su primer informe de la Cuenta Pública 2023 a la Cámara de Diputados, revelando anomalías en el manejo de 563.6 millones de pesos en recursos federales. De este monto, 457.7 millones corresponden a recursos federalizados destinados a estados y municipios, mientras que el resto se divide entre el desarrollo económico y social. Los fondos con irregularidades aún pueden ser subsanados, y de no ser así, se procederá con las denuncias correspondientes.
En el desglose de los recursos con observaciones, se destaca que 95.9 millones pertenecen a la bolsa de Desarrollo Económico, que incluye a entidades como Pemex y la CFE, y 9.9 millones a la bolsa de Desarrollo Social, abarcando instituciones como el IMSS y la SEP. Es notable que no se encontraron irregularidades en el apartado de Gobierno. Además, la ASF logró recuperar 42.9 millones durante el ejercicio de la auditoría.
Los estados de Guerrero y Veracruz encabezan la lista de anomalías en el Gasto Federalizado, con 148.8 millones y 73.2 millones de pesos pendientes de aclarar, respectivamente. Guerrero, bajo el liderazgo de Evelyn Salgado, y Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, son los principales señalados por la ASF en este primer informe del 2023.
Nacionales
Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos
La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.
Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.
Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.
El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.





