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El Buró de Crédito actualiza su Sistema de Evaluación de Deudores

El Buró de Crédito ha modificado su rango de puntuación para evaluar la capacidad de endeudamiento y pago de personas y empresas. Anteriormente, el puntaje iba de 400 a 850 puntos, pero ahora se ha dividido en cuatro categorías: excelente (710-754), satisfactoria (668-700), poco satisfactoria (587-667) y no satisfactoria (413-586).
Esta actualización busca ofrecer una mayor precisión en la evaluación crediticia. La entidad, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, genera informes de historial crediticio que son confidenciales pero accesibles a entidades financieras afiliadas.
Para mejorar el puntaje en el Buró de Crédito, se recomienda pagar a tiempo, utilizar el crédito de manera responsable y no acumular múltiples créditos simultáneamente. Estas acciones pueden ayudar a los usuarios a mantenerse en las categorías de puntaje más altas y asegurar su capacidad de obtener préstamos y tarjetas de crédito en el futuro.
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Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos
La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.
Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.
Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.
El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.





