Rusia se encamina hacia la transformación en la construcción de un telón de acero digital. Se tiene el objetivo de hacer frente a las amenazas cibernéticas y en respuesta a la estrategia de ciberseguridad de Estados Unidos, el Parlamento ruso ha dado el visto bueno este martes a la creación de un Internet soberano.

El polémico proyecto supone no solo erigir una Red doméstica que pueda funcionar de manera autónoma; también permitirá a las autoridades rusas filtrar la información externa a esa Red y bloquear el contenido que considere indeseable o peligroso.

El plan es crear la infraestructura para, en caso de ataque cibernético, desplegar las murallas digitales. Y desenchufarse de Internet global para quedarse dentro de un ecosistema ruso. Si otros países intentan aislarla, Rusia se aislará primero, plantean.

La ley para establecer RuNet, como han llamado a la Internet soberana rusa, ha alarmado a las organizaciones de derechos civiles, que sostienen que tras el argumento de prevenir pirateos o ataques digitales se esconde la intención de reforzar el control de la Red. Y de limitar las libertades en el ciberespacio en este país de más de 144 millones de habitantes, y en el que el 76% de la población tiene acceso a Internet.

El abogado y activista compara la nueva ley con la conocida como cibermurallachina, con la que el Gobierno del gigante asiático controla la Red y bloquea el acceso a cientos de webs y aplicaciones, como Twitter, Facebook o YouTube.

Rusia ya bloquea aplicaciones de mensajería como Telegram, la red social profesional LinkdIn o el canal de vídeos DailyMotion. Aunque Telegram ha sorteado la prohibición a través de una maniobra técnica y sigue estando disponible. Las empresas responsables de estas webs se negaron a almacenar la información de sus usuarios en Rusia por temor a que la Administración les requiriese esa información, por ejemplo, para perseguir opositores. Y fueron vetados.

La administración rusa ha amenazado ahora con hacer lo mismo a Facebook o Twitter, aunque de momento solo les ha impuesto mínimas sanciones económicas. El proyecto de ley aprobado este martes se suma a otras medidas de la misma corriente: hace unas semanas entró en vigor la ley que permite multar o bloquear a los medios digitales que difundan “noticias falsas”.

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