Al calificar como “usurpadora” a Dina Boluarte, presidenta de Perú, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico.

El Presidente respondió que el próximo año se retirará por completo de la vida política en cuanto se termine su mandato, luego de que Boluarte lo acusara de querer convertirse en un dictador.

Además, consideró que hay consenso entre México, Colombia y Chile de no darle la presidencia de la Alianza a Perú.

“Son cuatro países, Colombia, Chile México y Perú. Y la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico. Nosotros no tenemos ningún problema, lo que pasa es que, a ellos, no. Se la podemos entregar a Chile a Colombia y que ellos vean qué hacen, pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú”, dijo en conferencia de prensa.
López Obrador consideró que el ex presidente peruano, Pedro Castillo, está encarcelado injustamente por el simple hecho de que tienen un origen popular y además no permitió que saquearan a su país como lo están haciendo en la actualidad.

Y por tanto, le recomendó a Boluarte dejarle la presidencia a Castillo, quien obtuvo un triunfo legítimo en elecciones libres.

“Que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saque de la cárcel a Pedro Castillo, una gente humilde, un maestro serrano de Perú y lamentablemente en ese país como en otros impera el racismo y el clasismo”, agregó.

En este sentido, insistió en que no puede entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico porque Boluarte “no es legal y legítimamente para nosotros, presidente del Perú”, puntualizó.

El gobierno de Perú pidió el traspaso “sin mayores dilaciones” de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, mediante una comunicación a las cancillerías de México, Colombia y Chile, en la que planteó una consulta al respecto y alertó al país azteca de que no formalizar esa medida “acarrearía responsabilidad internacional”.

La Cancillería peruana señaló que en esa comunicación, la primera enviada a todos los ministerios de Exteriores de los países miembros, se invocó el principio pacta sunt servanda, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.