Nacionales
AMLO podría declarar ante la FGR por el caso de su hermano Pío
Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador(AMLO), es investigado por presuntamente haber incurrido en un delito electoral en 2015, al recibir dinero de David León, quien en ese entonces era operador de Manuel Velasco.
Los recursos recibidos habrían sido utilizados para financiar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) ha avanzado lentamente.
El investigado le habría asegurado que una declaración del mandatario nacional podría ser de gran utilidad para determinar su situación legal, ya que AMLO estaba enterado de la transacción monetaria por la que es acusado.
“Me dijo que hay una persona que ‘sabe todo y es mi hermano Andrés Manuel López Obrador y lo importante es que se le cite a él para tomarle la declaración”, expuso el representante legal del hermano del presidente.
El litigante aseguró que si su cliente se lo pide, hará una solicitud para que el jefe del ejecutivo se presente a rendir declaración.
“Si todo el mundo quiere saber la verdad de los hechos y si Andrés Manuel dijo eso en una mañanera, claro que hay que pedir que lo citen”, dijo Hernández Romo.
Con este comentario hizo referencia a una de las conferencias matutinas del presidente del 2020, en la que éste expuso que tenía conocimiento de la entrega de dinero que León hizo a su hermano, así como de los videos en los que quedó registrado el hecho.
Fue en 2020 cuando el periodista Carlos Loret de Mola exhibió grabaciones en las que aparece David León entregando dinero a Pío López Obrador.
Después de que el material se hizo público, la FGR abrió una carpeta de investigación que desde entonces está en proceso de revisión.
Incluso la Fiscalía propuso cerrar el caso de los video escándalos de Pío López Obrador en julio. Fue Héctor Sánchez Zaldívar, funcionario adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), quien presentó ante un juez la solicitud, en la que argumentó que la instancia no era la adecuada para dar resolución al tema.
Sin embargo, poco después la propia FEDE aseguró que no habrá carpetazo. Esto a pesar de que presentó una propuesta de no ejercer acción penal en contra del hermano del presidente López Obrador.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la decisión de no permitir la incursión del INE en el caso.
La magistrada Jazmín Esquivel aseveró que el órgano electoral no debe tener acceso al archivo debido que esto podría significar una violación a la intimidad familiar del ejecutivo federal.
Todo esto ante la crítica de los opositores a la Cuarta Transformación (4T) y pese a que AMLO aseguró que no sería “tapadera” de su hermano y que este sería investigado por las autoridades correspondientes.
Nacionales
Maru Campos pide a la Corte mantener ley que permite anular elecciones por intervención criminal
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defendió la reforma electoral aprobada por el Congreso estatal que contempla la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado, además de establecer restricciones para candidaturas vinculadas con grupos delictivos.
A través de un mensaje difundido este lunes, la mandataria señaló que la reforma busca evitar que organizaciones criminales tengan influencia en los procesos electorales y afirmó que Chihuahua fue el primer estado en incorporar estas disposiciones a su legislación.
Campos indicó que la reforma fue aprobada en el Congreso local con excepción de Morena, cuyos legisladores votaron en contra, y posteriormente dicho partido promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El tema será analizado por el Pleno de la SCJN este martes 29 de septiembre, junto con otras acciones relacionadas con las reformas electorales de Chihuahua. Las impugnaciones fueron acumuladas y entre ellas se encuentra la promovida por Morena, identificada como AI 99/2026.
La gobernadora pidió a las ministras y ministros mantener vigente la reforma y sostuvo que la protección del voto ciudadano debe garantizar que las decisiones electorales se tomen en las urnas y no bajo influencia criminal.





