El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el cadáver hallado en Sinaloa es el de de José Noriel Portillo, alias El Chueco, señalado como el asesino de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía de turistas Pedro Palma.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el mandatario mexicano expuso que el cadáver fue identificado desde un inicio por una de las hermanas de Portillo Gil.

“Ayer familiares, las hermanas de José Noriel Portillo Gil, lo identificaron, sin embargo faltan todavía que se entregue el análisis que se hizo. Ellas colaboraron en ese propósito, uno de ellas lo identificó que era su hermano”, detalló.

El cuerpo de José Noriel Portillo, también conocido como El Chueco, fue encontrado el pasado 18 de marzo en el municipio de Choix, en el estado de Sinaloa.

La víctima presentaba un disparo por arma de fuego en la cabeza, aunque en la escena se contabilizaron 16 casquillos percutidos de R15.

En conferencia de prensa, el fiscal César Jáuregui Moreno detalló que el cuerpo de Portillo Gil por su hermana Diana Carolina Portillo, aunque todavía esperaban confirmar la identidad por medio de una prueba de ADN.

El 20 de junio de 2022, los sacerdotes Campos Morales, de 79 años, y Mora Salazar, de 80, intentaron auxiliar y brindar protección al guía de turistas Palma, quien entró a una iglesia en la sierra Tarahumara de Chihuahua mientras huía de personas armadas, por lo que asesinaron a los tres.

Las muertes de los religiosos despertaron la condena de organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes habían sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.

El mandatario prometió una investigación “a fondo” y ofreció recompensa por el presunto homicida, pero también criticó a la Iglesia y a la comunidad jesuita por denunciar la violencia en México durante su Gobierno.

La Compañía de Jesús en México emitió un pronunciamiento para advertir que la muerte del presunto asesino no significa justicia y pidió al Gobierno acatar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la Justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara”, sentenció la comunidad jesuita.