El pleno del Congreso de Yucatán, en sesión ordinaria, rechazó la reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.

El dictamen para declinar la reforma fue aprobado por mayoría, con 16 votos a favor y nueve en contra.

Con ello, el Poder Legislativo de Yucatán, integrado en su mayoría por diputados del Partido Acción Nacional, se convirtió en el segundo en rechazar la reforma, luego de que el Estado de Guanajuato rechazara la modificación enviada por el Congreso de la Unión para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028.

La LXIII Legislatura discutió el dictamen de acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en el que el Congreso de Yucatán no aprueba en sus términos la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”.

Los legisladores consideraron que la reforma no define de forma clara cómo se designará el fondo meritorio de recursos a los estados y municipios que destaquen en materia de seguridad pública.

“Las y los diputados pertenecientes a la presente comisión, (…) nos manifestamos contrarios a la aprobación en los términos del proyecto de decreto (…), toda vez que la falta de certeza en la designación del 25 por ciento del fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios podría no estarse contemplando ni tomando en consideración los resultados que tenemos en Yucatán”, aseguró el diputado secretario Jesús Efrén Pérez Ballote.

Agregó que hace falta puntualizar los parámetros e indicadores para realizar la distribución meritoria del recurso, así como conocer cuántos entre cuántos estados se dividirá el fondo, lo que deja a “Yucatán en una situación de incertidumbre”.

“La reforma es omisa al determinar cuántas entidades federativas serán las que puedan obtener el beneficio del fondo particular de desempeño en seguridad pública, ni la forma para medir hasta qué grado serán consideradas con mejores resultados”, ello “podría generar desconfianza en la transparencia para la distribución de los recursos y no da certeza de que a nuestro estado le será asignado el recurso que le deba corresponder, de acuerdo al nivel de seguridad con la que hoy contamos”.