Internacionales
Violencia en India deja 60 muertos y 35 mil desplazados

Las autoridades en un remoto estado en el nordeste de India afirmaban haber restaurado la paz con medidas de seguridad tras un brote de disturbios y violencia étnica que dejó 60 muertos y 35 mil civiles desplazados la semana pasada.
Unas 230 personas resultaron heridas y unas mil 700 viviendas fueron quemadas por turbas tras fuertes altercados entre grupos tribales y un grupo no tribal, dentro de disputas sobre ayudas económicas y una designación oficial de grupo protegido, según dijo a la prensa el lunes por la noche el ministro jefe del estado de Manipur, N Biren Singh.
Miles de civiles, escoltados por personal de seguridad, regresaban a sus casas una vez la policía y el ejército habían puesto la situación bajo control con patrullas callejeras y un toque de queda que se mantenía activo, dijo Singh. Durante los enfrentamientos se robaron más de mil armas. Además, la turba también prendió fuego a algunos lugares de culto.
El ministro indio del Interior, Amit Shah, dijo el lunes al canal de noticias India Today que la situación en Manipur estaba bajo control y pidió a la gente que mantuviera la paz.
La violencia en Manipur, que hace frontera con Myanmar, comenzó la semana pasada tras protestas de más de 50 mil kukis y miembros de otras comunidades tribales de mayoría cristiana en Churachandpur y otros distritos vecinos.
Protestaban por la demanda de la comunidad mayoritaria meitei hindú de que se les reconozca una condición especial que les daría ayudas como el derecho a cultivar en zonas de bosques, acceso a préstamos bancarios baratos y centros educativos y de salud, así como una cuota no especificada de empleos en el gobierno.
Líderes de la minoría dijeron que en comparación, la comunidad meitei disfruta de una posición más acomodada y darle más privilegios sería injusto. Los meitei afirman que se protegerían la cuota de empleo y otros beneficios para los grupos tribales.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.