Un grupo de veteranos LGBTIQ+ que fueron expulsados del Ejército de Estados Unidos por su orientación sexual presentó este martes una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento de Defensa estadounidense.

La demanda colectiva, en nombre de cinco veteranos, se presentó ante el Tribunal del Distrito Norte de California y acusa que el Departamento de Defensa no les concedió la baja con honores ni eliminó de sus expedientes de servicio el lenguaje tendencioso que especificaba su sexualidad, informó CBS.

“Exigir a los veteranos LGBTQ+ que soporten primero el estigma y los efectos discriminatorios de llevar indicadores de orientación sexual en sus [documentos de baja] y luego navegar por un proceso de corrección de récord roto para buscar una solución viola sus derechos constitucionales a la igualdad de protección, a la privacidad informativa, a la propiedad y al debido proceso protegidos por […] la Constitución de EEUU”, dice la demanda.

Los demandantes hacen referencia a la política “No preguntes, no digas” (Don’t ask, don’t tell) que se instauró durante la Administración Clinton, en 1993, y que estuvo vigente hasta 2011. Esta medida prohibía a cualquier persona de este colectivo revelar su orientación sexual mientras estuviesen en el Ejército, y también vetaba cualquier manifestación de “su tendencia o intentara mantener prácticas homosexuales” acceder al servicio militar.

Aunque ha pasado más de una década desde que las Fuerzas Armadas levantaron este veto, miles de personas despedidas durante estas políticas tienen pensiones menores, privándoles de la totalidad de los beneficios. El Pentágono ha remarcado que existe un proceso para solicitar el cambio en la baja, pero los demandantes exponen que están “obligados a revivir el trauma”.

“El proceso impone a los veteranos individuales la carga de pasar meses o años obteniendo registros de personal antiguos antes de que puedan presentar las solicitudes que luego tardarán meses o años en procesarse, además de los años transcurridos desde sus despidos discriminatorios”, alega la denuncia.

Asimismo, indican que el proceso de solicitud es “opaco”, por lo que “muchos veteranos deben contratar abogados para que los ayuden”: “Se ven obligados a revivir el trauma de su baja, y llevan la carga de probar la discriminación a la misma institución que los discriminó“, señalan.