Más de 242 familias en Michoacán se han visto forzadas a abandonar sus hogares desde el 13 de agosto debido a la violencia armada en áreas cercanas a minas y bosques, donde el crimen organizado extrae recursos naturales. Las familias desplazadas han buscado refugio en municipios como Coahuayana y Aquila, pero carecen de apoyo gubernamental y de medios para subsistir.

Evangelina Contreras, activista y desplazada, ha liderado esfuerzos para recolectar alimentos y suministros básicos, aunque admite que el apoyo es insuficiente. Las familias enfrentan serios problemas económicos y sociales, como la falta de empleo y la pérdida de documentos oficiales, lo que complica su acceso a viviendas y servicios básicos.

A pesar de la escasez de recursos, el colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) ha estado registrando a los núcleos familiares afectados, aunque muchos casos están incompletos debido a desapariciones y asesinatos. Contreras destacó la urgencia de establecer un apoyo continuo, ya que las familias no están incluidas en programas sociales.

La situación se agrava con la falta de educación para los niños desplazados, quienes no pueden asistir a la escuela debido a la ausencia de documentos. Aunque ha habido intentos de ayuda por parte de autoridades locales, Contreras subrayó que la necesidad es constante y que se requieren mecanismos efectivos de protección para estas comunidades vulnerables.