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La Internacional Villahermosa

Internacionales

Unos 2.000 pingüinos aparecen muertos en costas de Uruguay

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Durante los últimos diez días, alrededor de 2,000 pingüinos de Magallanes han sido encontrados sin vida en las costas del este de Uruguay. 

Carmen Leizagoyen, responsable del Área de Fauna del Ministerio de Ambiente de Uruguay, declaró que la mayoría de los animales eran  pingüinos jóvenes que fallecieron en el Atlántico y fueron arrastrados por las corrientes hacia las playas de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, que limitan con Brasil.

Según medios uruguayos, Leizagoyen explicó que todos los pingüinos dieron negativo en las pruebas de gripe aviar, por lo que  esta situación representa una “mortandad en el agua”, pues aproximadamente el 90% de los pingüinos llegaron a las costas sin reservas de grasa y con sus estómagos vacíos.

Los pingüinos de Magallanes normalmente anidan en el sur de Argentina y en invierno migran hacia el norte en busca de alimentos y aguas más cálidas, llegando incluso a las costas del estado brasileño de Espírito Santo, explicó el Ministerio de Ambiente de Uruguay.

“Los pingüinos de Magallanes realizan normalmente migraciones desde el sur argentino a las costas brasileñas en busca de alimento y aguas más templadas por lo cual es normal que aparezcan ejemplares, sobre todo juveniles en nuestras costas”, afirmaron.

Sin embargo, las autoridades ambientales del país sudamericano afirmaron que ante la gran cantidad de pingüinos muertos que están llegando a sus costas, se están realizando estudios para averiguar las causas.

Los defensores del medioambiente señalan que el aumento en las muertes de pingüinos de Magallanes se debe a la sobrepesca y la pesca ilegal. Richard Tesore, representante de la ONG SOS Rescate Fauna Marina, explicó a medios uruguayos que desde los años 1990 y 2000 han observado animales con falta de comida debido a la sobreexplotación de los recursos.

Tesore también mencionó que un ciclón extratropical en el Atlántico, que afectó el sureste de Brasil a mediados de julio, probablemente contribuyó a la muerte de los pingüinos más débiles debido a las condiciones climáticas adversas. Además de los pingüinos, se encontraron petreles, albatros, gaviotas, tortugas marinas y lobos marinos sin vida en las playas de Maldonado.

Por otro lado, Rodrigo García, director de Ambiente de Rocha y coordinador latinoamericano de la World Cetacean Alliance (WCA), instó a la comunidad internacional a crear áreas marinas protegidas. García afirmó que la situación grave que enfrenta todo el Atlántico suroccidental con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se pone de evidencia con la muerta de los pingüinos.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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