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La Internacional Villahermosa

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Trump se mantiene esquivo sobre el aborto: ¿qué implicaciones tiene su postura?

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El ex presidente y candidato a las elecciones de noviembre, Donald Trump, ha decidido no tomar una postura clara sobre la cuestión del aborto, manifestando su intención de dejar que sean los estados quienes decidan sobre la legalidad de esta práctica. Se ha negado a ofrecer una cifra específica de semanas para la autorización del aborto, adoptando una posición ambigua que busca equilibrar intereses políticos.

Esta estrategia política surge en un momento en el que la ventaja electoral de Trump sobre Biden está disminuyendo, con solo tres décimas de ventaja en las medias de sondeos. Si bien el sistema electoral estadounidense favorece al candidato republicano, Trump ha optado por no comprometerse con una postura definitiva sobre el aborto, reconociendo que una prohibición total es impopular en el país.

Trump ha evitado comprometerse con la prohibición del aborto a nivel nacional, ya que eso podría alienar a su base de apoyo, compuesta principalmente por la comunidad evangélica, que se opone al aborto. Sin embargo, no puede respaldar la legalización completa del aborto, ya que esto decepcionaría a su base conservadora.

El ex presidente ha eludido proponer un límite específico para el aborto, dejando que los estados regulen la práctica según su criterio. Esto significa que la situación actual, en la que algunos estados permiten el aborto hasta las 22 semanas de gestación, se mantendrá sin cambios.

Trump ha tenido una serie de posturas cambiantes sobre el aborto a lo largo de los años, desde estar “muy a favor” hasta ser “pro-vida” y luego proponer castigar a las mujeres que se someten a abortos. Su evasión actual refleja un intento de mantener un equilibrio entre su base conservadora y un electorado más amplio, aunque esto podría generar confusión ideológica entre los votantes.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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