El expresidente Donald Trump solicitó a un tribunal federal que impida temporalmente que el FBI revise los documentos incautados en su mansión de Florida hace dos semanas para que se pueda nombrar a un propietario privado para monitorear el examen.

Trump también solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos., a través de una presentación judicial en West Palm Beach, Florida, que le faciliten un recibo de propiedad más detallado que detalle los artículos que el FBI incautó de la casa de Mar-a-Lago. En su reunión del 1 de agosto, pidieron a los investigadores que devolvieran cualquier artículo que no estuviera cubierto por la orden de allanamiento.

Los funcionarios del Departamento de Justicia han tratado de mantener la confidencialidad de todo el documento, diciendo que la divulgación de cualquier parte de este podría dañar una investigación criminal en curso, revelar información de testigos y filtrar la investigación en una fuga de información técnica.

Se le dijo al juez que las relaciones requeridas para la declaración jurada serían tan extensas que despojarían al documento de cualquier información importante y lo dejarían sin sentido para el público. De particular preocupación es la declaración jurada que ayuda en la investigación, que supuestamente contiene detalles importantes de la investigación del Departamento de Justicia sobre si Trump ha guardado y manejado mal documentos gubernamentales confidenciales y clasificados. Trump y algunos de sus partidarios también han pedido que se publique el documento, con la esperanza de que revele lo que según ellos es un comportamiento gubernamental excesivo.

En su fallo por escrito, Reinhart dijo que el Departamento de Justicia tenía un interés apremiante en evitar que la declaración jurada se publicara en su totalidad. Pero dijo que no creía que debería permanecer completamente sellado, y añadió que no estaba convencido por los argumentos del departamento de que el proceso de redacción “impone una carga indebida sobre sus recursos”.

“Particularmente dado el intenso interés público e histórico en una búsqueda sin precedentes de la residencia de un ex presidente, el gobierno aún no ha demostrado que estas preocupaciones administrativas sean suficientes para justificar el sellado”, escribió.