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La Internacional Villahermosa

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Treguas no detienen enfrentamientos en Sudán

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Una nueva tregua de 24 horas entró en vigor este miércoles en Sudán, pero los combates entre el Ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) no cesaron y continuaron los bombardeos y disparos de artillería en Jartum y otras ciudades del país.

Esta es el segundo cese de hostilidades que incumplen ambas partes enfrentadas desde hace cinco días, puesto que el martes el Ejército y las FAR acordaron a petición de Estados Unidos un armisticio de 24 horas que tampoco cumplieron en ningún momento.

Los violentos choques han dejado ya más de 270 civiles muertos y más de 2 mil heridos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que el Sindicato de Médicos de Sudán advierte que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor por la incapacidad de los equipos de emergencia de acceder a ciertas zonas.

La tregua fue anunciada en un primer momento por las FAR, que indicaron en su cuenta de Twitter que daría inicio a las 18:00 h local y que se alargaría hasta la misma hora del día anterior.

“Afirmamos nuestro compromiso con el alto el fuego integral y esperamos que la otra parte cumpla con la tregua según las fechas anunciadas”, indicaron los paramilitares.

Por su parte, las Fuerzas Armadas sudanesas anunciaron su adhesión al alto al fuego poco después de que entrara en vigor.

Según un comunicado de los uniformados, este cese de hostilidades tiene el objetivo de “facilitar los aspectos humanitarios, bajo la condición de que la otra parte se comprometa con las obligaciones de la tregua”.

Sin embargo, según pudo constatar EFE, los enfrentamientos continuaron en la capital, Jartum, especialmente en los puntos en disputa: el Palacio Republicano y las inmediaciones de la comandancia de operaciones del Ejército, donde el sonido de las explosiones y de los disparos de artillería no han cesado en cinco días.

Ante la incapacidad del Ejército y las FAR de comprometerse con cesar las hostilidades, varias han sido las llamadas y las súplicas para dar tregua a la población sudanesa.

Una quincena de embajadas occidentales en Sudán, entre ellas la española, exigieron este miércoles a las partes que “pongan fin a las hostilidades de inmediato y sin condiciones” y que se sienten a dialogar para resolver sus diferencias.

Asimismo, la Liga Árabe exigió también un armisticio, al menos, de cara a la festividad del Aíd al Fitr, que pone fin al mes sagrado musulmán de ramadán, durante el cual los fieles tienen prohibido beber y comer durante las horas diurnas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Sudán dijo que los hospitales del país africano “se están quedando peligrosamente bajos en suministros”, mientras que los centros se han quedado “sin electricidad ni agua potable” a causa de los intensos combates.

El CICR indicó que la prioridad más urgente es distribuir asistencia médica a los centros médicos y tratar de reparar sus líneas de agua y de energía para que puedan atender a los heridos, y lamentó que si continúan los combates la organización no podrá entregar los suministros necesarios ni evaluar las necesidades humanitarias.

El Sindicato de Médicos de Sudán, por su parte, alertó que más de la mitad de los hospitales de Jartum y de los estados vecinos se encuentran fuera de servicio, mientras que el resto están en riesgo de cierre por falta de personal médico y suministros.

Los médicos sudaneses han estado alertando en los últimos días de que los hospitales están siendo “blancos de ataque” por parte del Ejército y las FAR, lo que ha provocado que cientos de pacientes se hayan quedado atrapados en las instalaciones, mientras que muchos heridos han muerto y los familiares de los fallecidos no han podido enterrar a sus seres queridos.

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Congreso de Perú aprueba informe que acusa a Pedro Castillo por actos de corrupción

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El pleno del Congreso de Perú aprobó un informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda.

El informe final de la Comisión de Fiscalización fue aprobado por 59 votos, después de que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo sustentó y recomendó formular acusación constitucional contra Castillo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la esposa del exmandatario Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, altos funcionarios, alcaldes y empresarios involucrados.

La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal, liderada por Castillo, según indicó el Congreso en Twitter.

Los delitos fueron denunciados en reportajes periodísticos en los que se observó a la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, acudiendo a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos y en las que ella misma trabajaba.

A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando decidió el pasado 7 de diciembre anunciar un golpe de Estado, el cierre del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.

El exmandatario fue detenido minutos más tarde de su anuncio de un “autogolpe” y recluido en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, mientras que su esposa e hijos viajaron a México, donde el mandatario de ese país les dio asilo.

Precisamente, este jueves, la Fiscalía indicó que Lilia Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar en una organización criminal al interior del Gobierno de Perú.

“Este Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García al exponer durante una audiencia judicial para pedir su detención preventiva.

Al presentar los argumentos del pedido de variación de comparecencia simple a 28 meses de prisión preventiva contra Paredes y otros investigados, el fiscal dijo que se atribuye a la ex primera dama ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.

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