Internacionales
Transportistas y comerciantes se movilizan en Lima: Exigen seguridad y acciones contra la delincuencia
Hoy miércoles 23 de octubre, transportistas de Lima y varias regiones del Perú han convocado un paro nacional con el objetivo de exigir al Gobierno y al Congreso acciones más contundentes frente a la inseguridad, extorsiones y el sicariato que afectan gravemente al sector. Los manifestantes buscan la derogación de la ley 32108 sobre crimen organizado y el archivo de proyectos relacionados con el terrorismo urbano.
Los comerciantes del emporio comercial de Gamarra también han cerrado sus puestos para sumarse a la protesta, reclamando mayor seguridad en sus negocios. De manera simbólica, los trabajadores textiles confeccionaron una enorme bandera peruana que llevaron a la marcha.
La Comunidad Motera del Perú, presente en las inmediaciones del Congreso, rechazó la prohibición de circular con dos personas en motocicleta, señalando que esta medida no soluciona el problema de la delincuencia. Danny Mendoza, su presidente, criticó que los delincuentes usen motos robadas para cometer delitos, y exigió que el Gobierno enfrente directamente la causa de estos crímenes.
Además, comerciantes de los mercados de Huamantanga, Unicachi y otros gremios de la Panamericana Norte se han unido a la movilización, bloqueando parcialmente algunas vías principales en su camino hacia el Congreso. La protesta se ha extendido por distritos como San Juan de Lurigancho, donde diversos sectores productivos reclaman la protección de sus actividades frente a las amenazas de extorsión.
Internacionales
Cerrarán los cuatro casos penales en contra de Trump ante su victoria electoral
Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones, los cuatro casos penales que enfrenta podrían quedar archivados debido a la inmunidad presidencial. Funcionarios del Departamento de Justicia han señalado la dificultad de proceder con los casos una vez que Trump asuma la presidencia el 20 de enero de 2025. En especial, los casos federales encabezados por el fiscal especial Jack Smith, que incluyen la instigación del asalto al Capitolio y el manejo indebido de documentos clasificados, podrían cerrarse en breve.
Jack Smith enfrenta el reto de decidir cómo proceder con los cargos, ya que la decisión del Tribunal Supremo le otorgó a Trump inmunidad presidencial parcial. El caso de los documentos clasificados ya había encontrado obstáculos cuando una jueza desestimó el caso al considerar que el nombramiento de Smith por el fiscal general Merrick Garland no contaba con la ratificación presidencial o congresional. En este contexto, Trump ha prometido despedir a Smith, mientras que su equipo legal busca eliminar todos los procesos.
El caso en Nueva York, en el cual Trump fue condenado por falsificación de registros comerciales en 2016, también se enfrenta a complicaciones. La audiencia para la sentencia está programada para el 12 de noviembre, pero los abogados de Trump planean argumentar que, como presidente electo, merece inmunidad similar a la de un presidente en ejercicio. Esta estrategia podría posponer la sentencia hasta después de la investidura, reduciendo la probabilidad de que Trump enfrente una pena de prisión.
El cuarto caso en Georgia, por presunta interferencia electoral en 2020, también avanza con lentitud tras desacuerdos internos en la fiscalía que llevaron a la dimisión de uno de los fiscales y una solicitud de la defensa para remover a la fiscal Fani Williams. Trump y sus abogados mantienen que estos casos responden a una “caza de brujas” con intenciones políticas por parte de fiscales demócratas.