Corresponde al OSFE y el Congreso del Estado determinar lo conducente en observaciones a la cuenta pública de 2018, reitera el titular del Poder Judicial Se trabaja en la conformación de un presupuesto austero para 2020, pero que responda a las necesidades de capacitación, infraestructura y equipamiento del TSJ, revela.

Con total transparencia se está ejerciendo el presupuesto del Poder Judicial y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) mantiene un seguimiento puntual mensual, afirmó el titular de la institución, Enrique Priego Oropeza, al descartar gastos exorbitantes y precisar que se han ocupado plazas que anteriormente cubrían encargados de despacho.

Cuestionado sobre un presunto desvío de recursos que detectara el OSFE en la cuenta pública correspondiente a 2018, el magistrado Priego Oropeza reiteró que corresponderá al Congreso del estado determinar lo conducente en cuanto a las observaciones en el manejo del presupuesto del año anterior para calificar la cuenta pública y al órgano superior presentar la denuncia correspondiente si así se requiere.

“Mensualmente estamos enviando al Órgano (Superior de Fiscalización) las cuentas del Tribunal Superior de Justicia, hay transparencia”, puntualizó.

Agregó que no mantiene gastos exorbitantes, toda vez que “estoy sujeto a mi sueldo”, y enfatizó que cualquier aclaración puede hacerse por los canales adecuados, esto es, el portal de transparencia de la institución y el OSFE, que tiene la documentación.

Precisó de nueva cuenta que “nada más recibimos la entrega que nos hizo la anterior administración y punto. No nos concretamos a hacerle auditoría, porque eso no nos compete a nosotros, le compete al órgano de fiscalización”.

Al anunciar que este viernes por la mañana se pondrá en funcionamiento la sala del sistema penal acusatorio de segunda instancia para dar celeridad a los recursos de apelación que deben atender los magistrados del tribunal tabasqueño, Priego Oropeza informó que se está trabajando en la conformación del presupuesto para el próximo año en el cual se considerará un incremento debido a que continuarán los programas de infraestructura y capacitación –éste tendiente a cumplir los ordenamientos de la reforma laboral–, y deben renovarse equipos de cómputo en funcionamiento desde hace diez años. No obstante, se trata de un presupuesto austero, detalló.

“Estamos trabajando bien y no tenemos plazas sin ocupar. Es más, estamos ocupando las plazas que antes tenían encargados (de despacho), no tenían responsables, hoy hay un responsable en esas plazas”, comentó.

Entrevistado al término de la ceremonia de incineración de bandera y abanderamiento del Congreso del estado, al que asistió en compañía del pleno de los magistrados y el secretario de acuerdos del TSJ, Cecilio Hernández Vázquez, el titular del Poder Judicial explicó que los presupuestos de 2018 y 2019 han sido los mismos y para 2020 se deben atender “muchas necesidades de los juzgados”.

Asimismo, dio a conocer que se está materializando un programa de consulta digital para los abogados, de manera que puedan revisar desde sus despachos el estado de los expedientes en los que son parte. Aún no se precisa cuál será el costo del programa, pero se pretende que sea gratuito y en caso de que deba cobrarse el monto sea mínimo.

Indicó que su gestión continúa con la mejora de la infraestructura a la que acuden los justiciables, para comodidad de las partes que intervienen en un juicio, los litigantes y el propio personal de la institución.

En cuanto al rezago, manifestó que éste está vinculado al interés que muestren los abogados que tienen bajo su responsabilidad la promoción de expedientes ante los jueces instructores, de conocimiento y de enjuiciamiento. “Desde luego, somos los que encausamos los procedimientos y se va cumpliendo con los plazos legales que señala la ley”, apuntó.

Finalmente, en materia de equidad de género, sostuvo que se trabaja en coordinación estrecha con la Secretaría de Gobierno para materializar cursos, talleres y toda clase de acciones en dos vertientes. Por una parte para concretar sentencias con perspectiva de género, y por otro lado, reducir la brecha en el desarrollo profesional entre hombres y mujeres.