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Suspensión de clases en UAQ por amenazas del CJNG despierta sospechas de motivaciones políticas

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La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) anunció la suspensión de clases presenciales en su campus Centro Universitario los días 30 y 31 de octubre debido a supuestas amenazas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos mensajes, encontrados el 27 de octubre en los baños de la Facultad de Psicología y Educación, generaron controversia dentro de la comunidad estudiantil y docente.

Las amenazas, escritas con plumones de agua, incluían frases como “Puro CJNG” y “El lunes 30 de octubre de 2023 habrá un tiroteo en esta facu. Feliz Halloween imbéciles (sic.)”. Sin embargo, en lugar de ser percibida como una medida de seguridad, la decisión de la UAQ generó especulaciones y sospechas entre los miembros de la comunidad.

Una docente, que prefirió mantener su identidad en el anonimato por razones de seguridad, mencionó que las circunstancias sugieren una posible conexión con el contexto político actual de la universidad. Los mensajes del CJNG aparecieron justo después de la segunda vuelta de las elecciones a la Rectoría, en la que resultó ganadora Silvia Lorena Amaya Llano, afín a la actual rectora, Teresa García Gasca.

Además, las fechas en que se suspendieron las clases coincidieron con las sesiones programadas para el Consejo Universitario, que no se cancelaron, sino que se llevaron a cabo “bajo las condiciones de seguridad suficientes”, según un comunicado de la UAQ. Esto generó sospechas sobre la posibilidad de que se quisiera evitar la presencia de estudiantes durante el Consejo Universitario para evitar manifestaciones o protestas.

En el campus donde aparecieron las amenazas, no se implementaron medidas de seguridad adicionales, lo que aumentó las dudas sobre la gravedad de la situación. Además, hubo especulaciones de que las amenazas podrían estar vinculadas a movimientos políticos internos, incluso aunque no haya evidencia sólida para respaldar tales afirmaciones.

La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, anunció que no se había presentado ninguna denuncia formal ante la Fiscalía Estatal hasta tres días después del hallazgo. Afirmó que el proceso de denuncia se llevaría a cabo después de la sesión del Consejo Universitario.

En el comunicado, no se proporcionaron detalles sobre acciones concretas tomadas en respuesta a los escritos encontrados en la Facultad de Psicología. La normalidad en las actividades académicas podría restablecerse el 6 de noviembre, según lo indicado por la rectora.

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Nacionales

México recupera más de mil concesiones mineras; 250 mil hectáreas estaban en áreas naturales protegidas

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La Secretaría de Economía (SE) informó que el Gobierno de México ha recuperado mil 126 concesiones mineras que abarcan un total de 889 mil 502 hectáreas, como parte de la política de revisión y ordenamiento del sector extractivo en el país.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, destacó que una parte significativa del territorio recuperado corresponde a zonas ambientalmente protegidas. “Dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250 mil hectáreas en áreas naturales protegidas”, subrayó.

El funcionario explicó que la mayoría de las cancelaciones se han derivado de incumplimientos legales por parte de los concesionarios. Precisó que la ley contempla la revocación de concesiones cuando existen atrasos prolongados en las obligaciones, entre ellas la presentación de informes técnicos necesarios para comprobar la actividad en los proyectos mineros.

Además de las revocaciones, indicó que también se han registrado devoluciones voluntarias por parte de empresas, como resultado del diálogo establecido con la industria minera.

En cuanto a la distribución geográfica, Aboitiz Saro señaló que el proceso de cancelación se ha llevado a cabo prácticamente en todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, estados del sureste donde, afirmó, prácticamente no existe actividad minera.

Finalmente, detalló que las mayores reducciones de concesiones se concentran en entidades con tradición minera como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, donde se ha registrado el mayor número de cancelaciones.

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