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Suman 495 periodistas bajo protección por amenazas: SEGOB

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Al inicio del actual gobierno federal el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación contaba con 758 personas bajo protección, y actualmente hay mil 508 personas beneficiarias, así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable de dicho mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos.

También señaló que más del 90 por ciento de los casos de agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos quedan en impunidad, lo que considera es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos.

A continuación el comunicado:

El titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos, explicó que al inicio de esta administración el Mecanismo contaba con 758 personas; a la fecha hay mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres, 360 hombres) y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres, 472 hombres).

Detalló que las personas defensoras de derechos humanos incorporadas al Mecanismo se concentran en siete entidades: Cuidad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

La mayoría de los periodistas beneficiarios del Mecanismo son de Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.

Irazoque Palazuelos señaló que la impunidad superior a 90 por ciento en los casos de agresiones, es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos.

Precisó que de diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, considerando que 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que 64 por ciento de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos se focaliza en: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz.

Destacó que, de los homicidios registrados, solo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporados al Mecanismo.

Detalló que entre 40 y 45 por ciento de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado.

Recordó que el Mecanismo surge en 2012 como eje articulador y coordinador de las fuerzas del Estado mexicano para generar una política nacional; sin embargo –dijo– a 10 años de su creación, pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario, se convirtió la ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema.

Irazoque Palazuelos aseguró que en estos tres años se han invertido, a través del Mecanismo, más de mil 200 millones de pesos en la protección de periodistas y personas defensoras; tan solo para 2022 se aprobó el presupuesto más alto en la historia del Mecanismo, ya que se destinarán 388 millones.

Por último, subrayó que desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se impulsa una modificación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, que haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país.

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México recupera más de mil concesiones mineras; 250 mil hectáreas estaban en áreas naturales protegidas

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La Secretaría de Economía (SE) informó que el Gobierno de México ha recuperado mil 126 concesiones mineras que abarcan un total de 889 mil 502 hectáreas, como parte de la política de revisión y ordenamiento del sector extractivo en el país.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, destacó que una parte significativa del territorio recuperado corresponde a zonas ambientalmente protegidas. “Dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250 mil hectáreas en áreas naturales protegidas”, subrayó.

El funcionario explicó que la mayoría de las cancelaciones se han derivado de incumplimientos legales por parte de los concesionarios. Precisó que la ley contempla la revocación de concesiones cuando existen atrasos prolongados en las obligaciones, entre ellas la presentación de informes técnicos necesarios para comprobar la actividad en los proyectos mineros.

Además de las revocaciones, indicó que también se han registrado devoluciones voluntarias por parte de empresas, como resultado del diálogo establecido con la industria minera.

En cuanto a la distribución geográfica, Aboitiz Saro señaló que el proceso de cancelación se ha llevado a cabo prácticamente en todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, estados del sureste donde, afirmó, prácticamente no existe actividad minera.

Finalmente, detalló que las mayores reducciones de concesiones se concentran en entidades con tradición minera como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, donde se ha registrado el mayor número de cancelaciones.

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