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Siete congresos estatales aprueban la reforma al salario mínimo, faltan 10 más para lograr el rango constitucional
Siete congresos estatales han aprobado la reforma al artículo 123 constitucional, que establece que el salario mínimo no podrá aumentar por debajo de la inflación, tras ser aprobada en el Senado el 9 de octubre. Michoacán, Tamaulipas, Ciudad de México, Sinaloa, Tabasco, Campeche y Durango ya han dado su aval. Para que la reforma alcance el rango constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 congresos locales.
La reforma tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y garantizar que los salarios cubran las necesidades básicas de los trabajadores. El dictamen establece que ciertos trabajadores, como maestros de nivel básico, policías y personal médico, percibirán un salario mensual no inferior al promedio registrado ante el IMSS. En el Congreso de Durango, la aprobación fue unánime, destacando la garantía de que los salarios no quedarán por debajo de la inflación.
A pesar de los avances, durante la discusión en el Senado, el senador Ricardo Anaya señaló que el salario mínimo aún no es suficiente para que una familia mexicana salga de la pobreza. Anaya propuso que el salario mínimo debería incrementarse a unos 15,500 pesos para cubrir tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, multiplicada por 3.4, lo que garantizaría mejores condiciones para las familias.
La reforma continúa avanzando en otros estados, y de aprobarse en 10 congresos más, se incluiría en la Constitución, asegurando que los salarios en México reflejen la realidad económica y protejan a los trabajadores de la inflación.
Nacionales
ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.
De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.
Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.






