Internacionales
Shein revela casos de trabajo infantil al intensificar auditorías a proveedores

Shein ha endurecido su política con los proveedores tras la detección de dos casos de trabajo infantil el año pasado. La empresa, que está preparándose para una oferta pública inicial, intensificó las auditorías y estableció que cualquier infracción grave, conocida como “Infracción de cese inmediato”, resultará en la rescisión inmediata del contrato con el proveedor. La política actual, que entró en vigor en octubre, elimina el período de gracia de 30 días para que los proveedores resuelvan problemas, exigiendo una respuesta inmediata.
En su informe de sostenibilidad 2023, Shein detalló que suspendió pedidos a proveedores que emplearon menores de 16 años y solo reanudará el abastecimiento una vez que estos hayan reforzado sus controles, incluidos los documentos de identidad de los trabajadores. La compañía ha resuelto rápidamente los dos casos encontrados, rescatando a los menores y organizando su regreso a sus familias, además de implementar medidas de corrección.
A lo largo del año, Shein realizó 3,990 auditorías, un aumento significativo respecto a los 2,812 del año anterior. Utilizó agencias de terceros para el 92% de estas auditorías y planea que la totalidad sea realizada por estas entidades en el futuro. El informe muestra una disminución en las infracciones graves y un aumento en las auditorías realizadas.
El informe también revela un aumento en las emisiones de carbono asociadas al transporte de productos, que se duplicaron en 2023. Shein ha comenzado a adquirir productos de proveedores más cercanos para reducir estas emisiones y ha presentado objetivos de reducción de carbono a la Science-Based Targets Initiative para su validación.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.