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SCJN valida que la Guardia Nacional pueda asegurar a migrantes y vigilar estaciones migratorias
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó varias facultades de la Guardia Nacional en materia migratoria, intervención de comunicaciones e investigación y prevención de delitos.
El proyecto estuvo a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, en el cual analizó la acción de inconstitucionalidad 62/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.
Esas fracciones se votaron individualmente, por lo que existió diferencias en las votaciones.
Los ministros aprobaron que los elementos de la Guardia Nacional obtengan información de lugares públicos a fin de prevenir delitos, siempre y cuando los datos no sean obtenidos violando los derechos humanos de las personas.
La Guardia Nacional podrá solicitar la geolocalización de las personas, previa autorización de un juez de control, pues no se alcanzó la mayoría calificada para que se declarara la invalidez de esta facultad.
Sobre las facultades en materia migratoria, los ministros avalaron que los elementos de la Guardia Nacional hagan inspecciones de documentos, siempre y cuando se haga de manera subordinada al Instituto Nacional de Migración (INM). Asimismo, la Guardia Nacional puede asegurar y resguardar a personas extranjeras y las estaciones migratorias.
La única facultad que fue invalidada por los ministros fue la contenida en la fracción sexta del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, que permitía a los elementos realizar operaciones encubiertas para la prevención de delitos. El ministro Laynez Potisek consideró que debe existir un sospechoso identificado para hacer labores encubiertas a fin de hacer una detención en flagrancia.
Respecto a la facultad de llevar a cabo intervención de comunicaciones, que se establece en los artículos 100 a 106 de la Ley de la Guardia Nacional, hubo cinco votos en contra de su validez, de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y la ministra presidenta Norma Piña Hernández.
Los demás ministros consideraron suficiente que exista control judicial en la labor de intervención de comunicaciones por parte de elementos de la Guardia Nacional.
El análisis de las facultades de la Guardia Nacional sucede días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de que ese cuerpo de seguridad sea transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Un caso de presunto maltrato animal provocó indignación entre habitantes del fraccionamiento Piedra de Agua, en Umán, Yucatán, luego de que una mujer señalada como catequista fuera acusada de haber envenenado a dos perros y un gato.
De acuerdo con versiones difundidas por vecinos, cámaras de videovigilancia habrían captado el momento en que la mujer proporcionó alimento a los animales, que posteriormente presentaron afectaciones y murieron. Los cuerpos fueron levantados por personal del Servicio Veterinario Forense de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Tras conocerse el caso, vecinos y activistas se concentraron frente al domicilio de la señalada para exigir justicia. Durante la protesta fueron realizadas pintas en las paredes del inmueble con mensajes de rechazo al maltrato animal.
Según los reportes, al ser confrontada por habitantes del fraccionamiento, la mujer habría reconocido su participación en los hechos. El Ayuntamiento de Umán informó que se presentó una denuncia penal para que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales exigen que los hechos sean esclarecidos y, de comprobarse el delito, se aplique la sanción establecida en la legislación de Yucatán.
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