Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas, contenido en la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Los ministros acompañaron la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández, quien en su exposición destacó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.

“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, indica el proyecto realizado por la ministra.

“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo que es sobreinclusiva”, afirmó el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Durante la sesión, los ministros acordaron establecer que la Ley no aplica a otros poderes de la unión ni a organismos constitucionalmente autónomos.

El debate no concluyó, por lo que este martes los ministros continuarán con el análisis del último tema para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra esta ley impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.