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SCJN debería ajustar salarios y defender cumplimiento de Constitución: Alcalde a ministros

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SCJN debería ajustar salarios y defender cumplimiento de Constitución: Alcalde a ministros
Foto: Internet

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación (Segob), detalló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberían ajustar sus salarios y cumplir con la Constitución para no tener un salario mayor que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, Alcalde Luján dejó en claro que este no solo es un asunto jurídico, sino también “un asunto moral y de justicia social”.

“La SCJN, como máximo Tribunal, debería no solo ajustar sus propios salarios sino defender el cumplimiento de la Constitución y garantizar que ningún funcionario gane más que el presidente”, indicó.

“Es un asunto jurídico pero, sobre todo, es un asunto moral y de justicia social”, puntualizó la funcionaria.

La Suprema Corte aclaró este lunes al Gobierno mexicano que los salarios de los ministros no podrán ser reducidos por actos provenientes de otros poderes.

La semana pasada, Alcalde Luján pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente mexicano.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe.

Sin embargo, recordó que desde el 8 de enero de 2019, los ministros del Supremo mexicano decidieron reducir su salario un 25 %; al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Aunque, detalló que el artículo 94 de la Constitución mexicana establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

Además, en la respuesta de la SCJN recordó que el máximo tribunal del país determinó desde mayo de 2019 que el articulado que establece que ningún funcionario podía recibir mayor sueldo que el presidente mexicano “carecía de parámetros objetivos”.

“Se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral”, indicó.

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Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos

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SCJN debería ajustar salarios y defender cumplimiento de Constitución: Alcalde a ministros

La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.

Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.

Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.

El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.

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