En un escenario sin precedentes, alrededor de 7 mil empleados de órganos autónomos en el estado de Nuevo León han levantado la voz, denunciando la falta de pago de la primera quincena de noviembre. Según un comunicado dirigido a la población, los trabajadores acusan al gobernador Samuel García de instruir la retención de sus salarios por motivos políticos, un señalamiento que el mandatario aún no ha abordado, a pesar de encontrarse en precampaña presidencial.

La misiva expone que el incumplimiento afecta a entidades cruciales como el H. Congreso del Estado, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial, la Auditoría Superior, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante esta situación, los trabajadores amenazan con llevar a cabo un paro indefinido de labores, resaltando la repercusión directa en las familias que dependen de sus salarios.

En un comunicado interno, el Consejo de la Judicatura del Estado confirma la situación, indicando que el Poder Judicial de Nuevo León también se ha quedado sin el depósito correspondiente a la primera quincena de noviembre, atribuyendo la falta de fondos a incumplimientos por parte del Poder Ejecutivo del Estado.

Esta crisis salarial refleja un conflicto más amplio en Nuevo León, donde las tensiones entre el Gobernador Samuel García y las coaliciones PRI y PAN, que controlan el Congreso Local, han llevado a la colocación de personas afines en posiciones estratégicas de los órganos autónomos. La situación pone de manifiesto las tensiones políticas que impactan directamente en la estabilidad financiera de miles de trabajadores en la región.