Gran parte de los presos que buscan ser liberados a través de una amnistía decretada por el Presidente de la República, están acusados por delitos contra la salud relacionados con narcóticos.

De las mil 560 solicitudes de presos para entrar en el programa de amnistía, que han avanzando ante la Secretaría de Gobernación (Segob) , 571 corresponden a personas en prisión relacionadas a la producción, tráfico, transporte, comercio, suministro, prescripción, extracción del país y posesión de narcóticos. Así como siembra, cultivo o cosecha de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares.

De acuerdo con un reporte de Gobernación, enviado al Congreso, “un alto porcentaje de las solicitudes de amnistía son presentadas por persona privadas de la libertad, que en la composición de los delitos relacionados con los artículos 164 y 165 del Código Penal Federal se vieron involucradas con cargamentos, cuyo valor equivale de 3 a 35 millones de dólares (60 a 697 mdp)”.

Antes de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, notificará un corte de presos, Gobernación indicaba desde junio de 2020 a agosto de 2021 que se habían liberado sólo a 34 personas, de las cuales la mayoría (23) lograron su liberación anticipada por haber cometido delitos contra la salud por situación de pobreza.

Entre ellos, dos casos más tuvieron luz verde debido a que fueron delitos contra la salud cometidos por indicación de su pareja; uno más por cometer delitos contra la salud por temor fundado y otros siete presos liberados que habían cometido ilícitos contra la salud por personas indígenas en situación de pobreza.

El reporte precisa que nueve casos más están pendientes de calificar por parte del Poder Judicial de la Federación.

De las mil 560 solicitudes de amnistía, suman 568 casos que han sido sesionados y revisados, 245 no contaban con datos para la localización del preso y 747 aún están en revisión.

De acuerdo con el reporteo, 107 peticiones se refiere a delitos que no se adecuan a lo establecido por la Ley de Amnistía, lo cual quiere decir que no son considerados por la misma.