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Por Tren Maya, se benefician a 3.9 millones de personas gracias a programas sociales

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Por Tren Maya, se benefician a 3.9 millones de personas gracias a programas sociales

De manera directa y sin intermediarios, el Gobierno de México avanza en la entrega de Pensiones y Programas de Bienestar a lo largo de la ruta del Tren Maya que transitará por Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que, en esta región, a la fecha se beneficia a tres millones 876 mil 076 personas con inversión social anual de 68 mil 813 millones de pesos, así como 25 mil 840 millones de pesos que el Gobierno de México destina a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para un total conjunto de 94 mil 653 millones de pesos.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, explicó que en la ruta del Tren Maya se aplica de forma integral la política de bienestar del Gobierno de México.

Informó que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se entrega en esta región del país a 976 mil 637 derechohabientes y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad a 166 mil 268. El Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, beneficia a 13 mil 375; y Sembrando Vida apoya a 174 mil 485 sembradoras y sembradores.

En cuanto al impulso a la productividad, el programa de pesca se entrega a 42 mil 986 personas pescadoras a través de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), y Producción para el Bienestar a 425 mil 181 productores a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En tanto, las becas “Benito Juárez” que distribuye la Secretaría de Educación Pública (SEP), llegan a un millón 194 mil 130 estudiantes en nivel básico; 481 mil 924 en medio superior y 75 mil 851 en superior. La Escuela es Nuestra (LEN) entrega a través de la SEP recursos directos a 14 mil 741 centros educativos para la mejora de planteles.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llega a 59 mil 326 personas aprendices que se capacitan para el trabajo, y el programa de vivienda apoya a 23 mil 856 familias a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Tandas para el Bienestar llega a 242 mil 57 mujeres y hombres emprendedores mediante Financiera para el Bienestar (Finabien), mientras que en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), la inversión social anual es de 25 mil 840 millones de pesos para 271 municipios.

De una meta de 382 sucursales del Banco del Bienestar en esta región, ya operan 222.

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Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos

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Por Tren Maya, se benefician a 3.9 millones de personas gracias a programas sociales

La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.

Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.

Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.

El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.

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