Nacionales
Familiares de anestesiólogo acusado de comprar fentanilo se manifiestan en Guasave
En la tierra natal de la madre del anestesiólogo Gustavo Darwin “N”, investigado por autoridades federales por posesión de fentanilo de uso médico en su hogar, en los Cabos Baja California; se volvieron a manifestar por las acciones judiciales en su contra por considerar injustas, en Tamazula, Guasave.
Sus familiares del lado materno y amistades del municipio de Guasave le externaron su solidaridad, por el trato que ha recibido y el calvario que ha vivido desde hace más de un mes, cuando el ejército y autoridades federales allanaron su hogar y lo aseguraron, por encontrar cuatro ampolletas de fentanilo para uso médico.
Consideraron que su familiar el médico anestesiólogo, Gustavo Darwin “N” enfrenta una situación de crisis, puesto que el hogar donde vivía con su esposa e hijos fue asegurado, su actividad profesional tuvo que ser suspendida y enfrenta una investigación federal por supuestos delitos contra la salud.
En la comunidad de Tamazula, Guasave, de donde es originaria la madre de este profesionista, sus familiares le enviaron un mensaje de solidaridad, en el sentido que “no está solo”, puesto que no van a respaldar para demostrar su inocencia.
La información que se ha dado a conocer por la Fiscalía General de la República, es que el médico Gustavo Darwin “N” no cuenta con un permiso oficial de la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios para poseer la sustancia denominada fentanilo.
El viernes pasado, en la capital del estado, con enormes mantas, con los textos “no somos criminales somos médicos anestesiólogos”, médicos marcharon desde las escalinatas del templo de La Lomita, icono de la capital del estado, hasta el atrio de catedral, en respaldo a su compañero Gustavo.
Los miembros del Colegio Médico de Sinaloa que desfilaron por la principal avenida de Culiacán externaron su inquietud por el criterio de las autoridades al detener al anestesiólogo de la ciudad de los Cabos, en Baja California, por haber adquirido, bajo todos los controles sanitarios y de Cofepris, cajas con la sustancia médica que tenía.
En su marcha los médicos expusieron que el anestesiólogo Gustavo “N”, compró cuatro cajas con fentanilo para uso médico, las cuales recibió vía paquetería, pero días mas tardes, un operativo militar allanó su casa para incautar la sustancia, por lo que la Fiscalía General de la República aseguró el inmueble.
La presidenta del Colegio de Anestesiólogos de Sinaloa, Emma Urías, exhortó que intervenga en este asunto la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios para que se extiendan los permisos necesarios para el manejo del fentanilo en cuestiones médicas para evitar nuevas acciones de este tipo.
Nacionales
Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos
La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.
Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.
Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.
El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.





