El ambicioso proyecto internacional denominado Junta por la Paz, promovido durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una fuerte crisis de financiamiento que pone en duda su viabilidad operativa en la Franja de Gaza.

De acuerdo con reportes recientes, únicamente tres de los diez países comprometidos han realizado aportaciones económicas: Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Estados Unidos. Sin embargo, los montos entregados están muy por debajo de la meta inicial planteada por el plan internacional.

El objetivo original contemplaba la movilización de aproximadamente 17 mil millones de dólares para financiar la administración civil, la reconstrucción de infraestructura y la estabilización de servicios básicos en el enclave palestino. No obstante, hasta el momento las contribuciones acumuladas no alcanzan ni los mil millones de dólares, lo que evidencia un amplio desfase entre los compromisos políticos y la ejecución financiera.

Esta brecha ha generado preocupación entre observadores internacionales, quienes advierten que la falta de liquidez podría retrasar o incluso paralizar los trabajos previstos por el Comité Nacional de Administración en Gaza. Además, la incertidumbre pone en entredicho la capacidad de coordinación entre los países involucrados, en un contexto regional marcado por tensiones políticas y humanitarias.

Mientras tanto, el plan para consolidar una estructura administrativa estable en Gaza enfrenta un escenario cada vez más complejo, donde las promesas de inversión aún no se traducen en recursos suficientes para sostener su implementación.