La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza desde 2023. La comunidad internacional reaccionó ante esta decisión, con varios países, como la Unión Europea, Francia, Irlanda, Países Bajos, Colombia, Jordania y Sudáfrica, respaldando la medida.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, subrayó que la decisión no es política, sino un acto de justicia de un tribunal internacional que debe ser respetado. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Francia mostró cautela, sin comprometerse a arrestar a Netanyahu si llegara a suelo francés, citando la complejidad jurídica del asunto.

En contraste, Estados Unidos rechazó la decisión de la CPI, argumentando que el tribunal no tiene jurisdicción sobre el asunto y que la Fiscalía de la Corte actuó de manera precipitada. El Reino Unido, por su parte, expresó su respeto por la independencia de la CPI pero evitó especular sobre una posible detención en su territorio.

Human Rights Watch (HRW) celebró la orden de arresto, señalando que es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. A pesar de la relevancia simbólica, la organización destacó que la efectividad de la orden depende de la voluntad de los gobiernos de aplicar la justicia, independientemente de la nacionalidad o cargo de los acusados.