Tras años de debates y negociaciones, los países de la ONU adoptaron el primer tratado para la protección de la altamar, un acuerdo que permitirá establecer zonas marinas protegidas en aguas internacionales y que los ecologistas consideran fundamental para salvar los océanos.

El texto, que se cerró tras un largo proceso negociador el pasado marzo, fue aprobado formalmente tras haber sido revisado y traducido a los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas.

La adopción tuvo lugar por consenso, sin necesidad de una votación, y fue recibida con una gran ovación por los representantes gubernamentales, que festejaron puestos de pie la conclusión de este largo proceso.

“El océano es el alma de nuestro planeta y hoy ustedes le han insuflado nueva vida y le han dado al océano una oportunidad. Han cumplido y lo han hecho en un momento crítico”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, a los delegados.

Guterres destacó que este “acuerdo histórico” demuestra que la comunidad internacional es capaz de unirse para responder de forma común a los grandes problemas globales y que el “espíritu de la cooperación internacional sigue vivo”.

Aunque la decisión pone fin a las negociaciones en la ONU, el nuevo tratado no entrará en vigor hasta que al menos 60 países lo hayan firmado y ratificado.

El texto se abrirá a la firma en la sede de Naciones Unidas a partir del próximo 20 de septiembre y Guterres ya pidió a los Gobiernos que no se retrasen lo más mínimo.

“Esto es fundamental para responder a las amenazas a las que se enfrenta el océano y para el éxito de los objetivos vinculados al océano de la Agenda 2030 y del Marco Kuming-Montreal de la Diversidad Ecológica”, apuntó.

Los grupos ecologistas insisten desde hace años en que este tratado es vital para salvar los océanos, amenazados por la contaminación, la crisis climática y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los mares y a una pesca más intensiva.

La altamar -las aguas situadas a más 200 millas marinas de la costa y que son compartidas por todos los países- suponen dos tercios del total de los océanos y hasta ahora han estado gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección.

El nuevo tratado se establecerá en el marco de la ya existente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca “asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.

Entre otras cosas, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30 por ciento de los océanos para el año 2030.

Además, garantiza que se tenga en cuenta el impacto ambiental de las actividades en aguas internacionales y facilita la cooperación entre países en tecnología marina.

También crea un marco para compartir los beneficios del mar, especialmente todo lo relativo a los recursos genéticos marinos -especies que pueden proporcionar genes patentables en el futuro, por ejemplo para su uso en medicina-.

En esa cuestión chocaban los intereses de algunos países ricos, que son los que tienen más capacidad para aprovechar esos avances, y los del mundo en vías de desarrollo, que teme verse excluido, y fue uno de los últimos asuntos que se cerraron en las maratonianas negociaciones del pasado marzo.