El Gobierno de México ha llevado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una denuncia formal contra Ecuador, solicitando su suspensión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta que se emita una disculpa pública por el reciente asalto a la embajada mexicana en Quito.

Alicia Bárcena, canciller mexicana, expresó en una conferencia la decisión del Gobierno mexicano de llevar a Ecuador ante la justicia internacional, siguiendo instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según la denuncia presentada por México, el asalto constituye una clara violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, al vulnerar la inviolabilidad de su representación diplomática y agredir a su personal.

La demanda de México no solo busca una sanción específica contra Ecuador, sino también establecer un precedente que desaliente futuras violaciones al derecho internacional por parte de cualquier Estado miembro de la ONU.

Además de exigir la suspensión de Ecuador de la ONU y la declaración de su responsabilidad por el daño causado, México busca reafirmar la autoridad de la CIJ como el órgano adecuado para resolver disputas de esta índole, proponiendo mecanismos más ágiles para actuar frente a violaciones graves al derecho internacional.

En este contexto, México ha invitado a otros países a sumarse a su denuncia, buscando generar un frente común que defienda los principios del derecho internacional y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.

Se destaca que, según la Carta de las Naciones Unidas, la suspensión de un Estado Miembro de la ONU requiere acciones preventivas o coercitivas del Consejo de Seguridad, aunque la Asamblea General es responsable de tomar la decisión final. La restitución de los derechos dependerá nuevamente del Consejo de Seguridad.

Por su parte, en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se aprobó una resolución condenando la acción de Ecuador, a pesar de la abstención de El Salvador y el voto en contra del propio Ecuador.